El Estatuto representó la institucionalización política de Euskadi como una nacionalidad dentro de la España constitucional. Un punto de encuentro entre distintas sensibilidades ideológicas y sentimientos de pertenencia que, tras casi medio siglo de vida, ahora lo es todavía más, ya que hasta los sectores que en su día lo cuestionaron por motivos contrapuestos -la izquierda abertzale y la antigua Alianza Popular- han terminado por aceptarlo. Se trata, además, de uno de los aciertos colectivos del pueblo vasco más indiscutibles en su pasado reciente. Por todo ello carece de justificación su escaso reconocimiento en el discurso preponderante en las instituciones alumbradas a raíz de su aprobación. Y resulta difícil de explicar que una fecha como hoy no haya sido declarada fiesta oficial de la comunidad (solo lo fue con Patxi López como lehendakari). Como lo es que a estas alturas todavía queden competencias por transferir; una anomalía a cuyo fin le han sido puestos diversos plazos -el último, finales de 2025- reiteradamente incumplidos y que es preciso corregir cuanto antes, pero que no puede ocultar que el grueso del autogobierno posible es una feliz realidad desde hace décadas.

Resulta necesario actualizar la Carta de Gernika a la Euskadi del siglo XXI. Esa reforma podrá profundizar en la autonomía y ensancharla, aunque los márgenes de actuación en ese terreno tienen límites. Aferrarse a la exigencia de saltos en el vacío con un más que cuestionable soporte legal y que fracturan a una sociedad básicamente satisfecha con el Estatuto solo conduciría a la frustración.