A la luz de estas cifras se comprenderá fácilmente que las ayudas previstas por el gobierno nacional son más bien mediocres: 16.639 millones de euros de los que sólo una cuarta parte son a fondo perdido, mientras el 75 por ciento se materializará en créditos avalados que tendrán que ser devueltos, o bien en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros que están financiadas con los suplementos que gravan las primas de seguro para cubrir estos desastres naturales –o sea, que han sido pagadas previamente por los asegurados y no conciernen al erario público–. Y se comprenderá también que la estimación presentada por el gobernador del Banco de España acerca de la dimensión de los efectos macroeconómicos de la DANA es poco creíble: una disminución de entre el 0,2 y el 0,3 por ciento del PIB español. Esa estimación se basa en la consideración de 115 eventos catastróficos previos cuya dimensión media, medida por el número de muertes ocasionadas en ellos, es casi siete veces inferior al que ha tenido lugar en Valencia. Es claro que Escrivá ha tratado así de echar una mano al gobierno al minimizar el daño macroeconómico, pues si se corrigen las cifras en función de esa dimensión relativa estaríamos ante una caída previsible del PIB de entre el 1,38 y el 2,07 por ciento. Y esto son palabras mayores.