Editorial-El Español

Los whatsapps que Juan Lobato ha entregado este viernes en el Tribunal Supremo demuestran que fue Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, la que remitió al ex secretario general del PSOE-M un documento en el que el novio de AyusoAlberto González Amador, reconocía presuntamente dos delitos fiscales.

No hay novedad alguna en este punto en concreto. La noticia había sido publicada ya por varios medios de prensa, y entre ellos EL ESPAÑOL, durante la última semana.

La pregunta clave es quien le entregó a Pilar Sánchez Acera ese documento. Documento que incluye información privada de un ciudadano particular que sólo puede conocer el Ministerio de Hacienda o la Fiscalía General del Estado, y cuya filtración es constitutiva de un delito de revelación de secretos.

La Moncloa no ha querido revelar quién es la fuente original de esa información, algo de por sí sospechoso, cuando no incriminatorio, y ha pretendido enmarañar la cronología de los hechos afirmando que esos datos habían sido ya publicados por los medios de comunicación.

También ha afirmado que al menos parte de esa información había sido filtrada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

La primera afirmación es falsa. Como demuestran los whatsapps de Lobato, el cruce de mensajes entre el ex secretario general del PSOE de Madrid y Sánchez Acera precede a la publicación de esa información en la prensa.

La segunda afirmación es irrelevante. Si Miguel Ángel Rodríguez hubiera filtrado información parcial de Alberto González Amador lo habría hecho con su consentimiento, lo que no supone delito alguno.

El filtrador de ese documento, en cambio, sí está cometiendo un delito castigado por el Código Penal.

EL ESPAÑOL publica hoy un nuevo detalle que señala de forma clara en una dirección concreta: la Fiscalía General del Estado.

Porque el documento que Pilar Sánchez Acera remite a Lobato, y que define como «una carta», no es en realidad una carta, sino un email que alguien ha manipulado para borrar los detalles clave.

El primero de ellos, el destinatario del email.

El segundo, el encabezamiento del mensaje, donde se especifica claramente que el documento no es «el reconocimiento de dos delitos», sino una «propuesta de conformidad», algo muy diferente y totalmente habitual en este tipo de procedimientos.

¿Y por qué habría querido alguien borrar esos dos detalles clave del documento?

Sólo existe una respuesta verosímil para esa pregunta. La de que el destinatario del mensaje, es decir, su filtrador, es la Fiscalía, y que la intención al manipularlo ha sido «vender» la idea de que Alberto González Amador es un defraudador confeso.

Todo ello es un indicio más de que la Moncloa habría utilizado una institución del Estado como la Fiscalía para obtener ilegalmente información privada de un ciudadano particular con el objetivo de destruir a una rival política, en este caso Isabel Díaz Ayuso, manipulando además la realidad y generando un bulo para el que habrían actuado como antena de repetición los medios cercanos a la Moncloa.

La suma de ambas circunstancias nos sitúa en terrenos muy lejanos de un Estado de derecho y obliga al Gobierno a dar explicaciones inmediatas. La mera sospecha de que el Ejecutivo haya podido ordenar la comisión de un delito a la Fiscalía y puesto en marcha una operación de guerra sucia contra Ayuso debería poner en alerta a todos los ciudadanos españoles. Todas las democracias tienen puntos de no retorno.

De momento, la responsabilidad política de la Moncloa es obvia. En cuanto a la penal, lo sabremos a medida que los jueces avancen en sus investigaciones.