Las estadísticas no dejan lugar a la duda sobre la dimensión del reto, el de mayor alcance ya en algunas capitales por su capacidad para empañar logros de ciudad, así como su desarrollo y proyección exterior: la Policía ha decomisado 1.400 navajas y objetos punzantes en 2024, el doble que hace cinco años, mientras que el País Vasco se ha visto conmocionado por diez homicidios en lo que llevamos de 2025. Las cifras, ratificadas por encuestas que advertían sobre la gravedad de la situación, emplazan a las administraciones a redoblar su colaboración para mejorar la prevención y frenar la peligrosa sensación que representa la reincidencia para la seguridad y confianza en los poderes públicos, especialmente jurídicos, fiscales y policiales. Las declaraciones de Bingen Zupiria en las que reconoce que «muchos de los que usan armas blancas son extranjeros sin arraigo» revelan, de alguna manera, la complejidad del fenómeno al añadir el lastre de la falta de integración que, además, puede ir en aumento debido a la llegada de nuevos vascos por efecto de una inmigración imparable en el mundo.

Lo prioritario es detectar el origen del problema para evitar que la lucha contra la delincuencia se convierta en un arma de doble filo, en un intento por extremar las medidas preventivas sin estigmatizar a comunidades concretas. El sistema judicial, considerado «vulnerable» por el presidente del Tribunal Superior, y la búsqueda de más jueces para paliar su «déficit estructural», como plantea el lehendakari, constituyen un paso firme en la búsqueda de soluciones. Pero no todo se arreglará con juicios rápidos y condenas contundentes. Gobernar no solo es responder a problemas determinados sino anticiparse a ellos, sea en las calles o en un campamento de verano.