Pero la obligada prudencia con la que la Universidad debe conducirse para garantizar los espacios de libertad y de expresión le obliga también a poner el foco de atención en las contramanifestaciones promovidas por IAS, el antiguo Ikasle Abertzaleak, ahora en la órbita de GKS. Y no solo por el riesgo de que sus amenazas de boicotear la convocatoria del lunes deriven en un rebrote violento, sino por la coacción que sus proclamas ejercen en la vida cotidiana de la UPV/EHU sobre una parte sustancial del profesorado y el alumnado, como se quejan algunos docentes.

Ese «totalitarismo» al que se refiere de forma acertada el Gobierno vasco, a través del consejero de Universidades y exrector Juan Ignacio Pérez, lastra la consecución de un verdadero clima de tolerancia en un recinto abierto al libre pensamiento, que tendría que haberse sacudido ya cualquier vestigio de odio y violencia en Euskadi. Bengoetxea conoce en primera persona el impacto de la sinrazón, cuando fue insultado en su estreno en el cargo y en compañía del lehendakari por manifestantes de una protesta en Leioa en contra del asedio de Israel a Palestina.

En un momento de auge de los movimientos populistas y de extrema derecha en el mundo, la Universidad debe convertirse en un baluarte de la democracia hasta el punto de poder permitir un acto de un partido legal y representado en el Parlamento vasco como Vox y, a la vez, censurar con vehemencia cualquier mensaje «autoritario» o que conculque derechos humanos. Acierta el equipo rectoral al marcarse como prioridad la defensa de una convivencia democrática «basada en la paz, el diálogo y la libertad». Pero aún le falta insistir en ella en quienes dentro del campus siguen instalados en el señalamiento cruel, la pintada y la diana del que consideran diferente.