José Manuel Albares aseguraba este martes que no había «motivo alguno» para pensar que la negativa del Gobierno a colaborar en la ofensiva contra Irán fuera a «traer problemas diplomáticos o represalias comerciales», dado que la relación con Washington es de una «solidez a prueba de bombas».
Sólo unas horas después, desde el Despacho Oval, Donald Trump lamentaba que «España se ha portado fatal», y adelantaba que «vamos a cortar todo el comercio».
La denegación por el Gobierno de las bases de Rota y Morón para la «Operación Furia Épica», que ha obligado al Pentágono a reubicar de urgencia 15 aviones cisterna, ha desatado el mayor conflicto con Estados Unidos en décadas.
Uno que lleva un paso más allá el antecedente más cercano, cuando Trump profirió una amenaza similar después de las artimañas de Sánchez para eludir su exigencia de elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.
Porque esta vez el presidente estadounidense ha pasado de las palabras a los hechos, dictando una orden directa a su secretario del Tesoro para romper todos los lazos comerciales con nuestro país.
Es cierto que, técnicamente, Trump no puede imponer sanciones comerciales individuales a España sin chocar con los acuerdos globales de la Unión Europea.
Pero su capacidad de daño es igualmente inmensa. Tiene poder para presionar y condicionar a las empresas estadounidenses para que retiren sus inversiones y acuerdos con firmas españolas.
Las consecuencias de esta ruptura pueden ser devastadoras.
El volumen total de intercambio de bienes entre España y Estados Unidos supera los 47.000 millones de euros. Con un déficit comercial de 13.458 millones, perder el acceso al mercado norteamericano golpearía severamente a nuestras exportaciones de aceite, vino y componentes industriales.
Pero aún más acusado sería el golpe energético. Estados Unidos suministra hoy el 44,4% del gas natural que consume España. Un corte en este suministro nos dejaría ante una emergencia nacional.
Y tampoco se puede pasar por alto, como hace el Gobierno al adoptar esta actitud altiva, que EEUU es el socio inversor número uno en España, representando aproximadamente el 15% del total de la inversión extranjera.
La patronal ya ha mostrado su «profunda preocupación». Ha recordado que EEUU es un «socio fundamental» y exigido al Gobierno que sepa «reconducir esta situación» de la mano de la Unión Europea.
Pero en lugar de escuchar a los sectores productivos, el Ejecutivo ha decidido doblar el desafío.
Moncloa ha respondido que España es una «potencia exportadora» y que cuenta con recursos para «contener posibles impactos» y «diversificar cadenas de suministro».
Cabe preguntarse de dónde saldrán esos fondos para ayudar a los damnificados, y qué grado de fantasía requiere creer que se puede sustituir el gas estadounidense de la noche a la mañana.
Es justo reconocer que Trump se ha ganado con razón la antipatía de amplias capas de la población española.
Sus intervenciones discrecionales en el extranjero muestran un desprecio absoluto por la legalidad internacional, y su política exterior está redundando en perjuicio de los intereses de sus aliados tradicionales.
Pero la diplomacia no consiste en dar portazos, sino en gestionar la realidad con astucia. Sánchez podría haberse desmarcado de la intervención en Irán sin buscar el choque frontal, tal y como han hecho otros países europeos.
Porque lo esencial es el aislamiento de España en el contexto europeo. Mientras Francia o Alemania mantienen una colaboración mínima o pragmática con Washington para evitar represalias, Sánchez ha preferido la bronca.
Es a lo que ha jugado el presidente a lo largo de los últimos meses y a propósito de diversas materias: fastidiar una y otra vez al gigante iracundo, hasta que ha logrado lo que quería: que el gigante le propine un golpe.
Resulta evidente el movimiento de Sánchez para intenta presentarse como el paladín de la soberanía nacional frente al agresivo injerencismo de Trump. Y sus argumentos en defensa del orden basado en reglas resultarían irrebatibles, de no ser porque sabemos que Sánchez es un gran farsante que solo actúa por cálculo político.
El Gobierno está decidido a convertir este conflicto en una palanca electoral.
Y es verdad que existe el precedente exitoso de Zapatero en 2004, cuyo «no a la guerra» de Irak le brindó réditos notables en las urnas y disparó su popularidad.
Pero el contexto de 2026 es muy distinto al de entonces.
Zapatero contaba con el apoyo de París y Berlín; Sánchez está solo. Zapatero se enfrentó a la Administración Bush en un momento de bonanza; Sánchez lo hace en un momento de dependencia energética y de debilidad económica. Y la presidencia de EEUU no estaba entonces en manos de un maníaco irascible como hoy.
Puede que esta estrategia sirva para movilizar a sus bases más ideologizadas, pero el precio lo pagará el resto de la sociedad.
Este gravísimo incidente sólo contribuirá a seguir empobreciendo a España y a alejarla del núcleo de las naciones desarrolladas, condenándola a la órbita de la marginalidad del Tercer Mundo.