Hacerlo por real decreto, que no necesita convalidación porque es una reforma de reglamento, demuestra en primer lugar la falta de confianza del Gobierno en el apoyo del Congreso. Pero en segundo término revela que la intención real no es la de solucionar un problema sino promoverlo. Se trata de abrir una brecha política, de dividir deliberadamente a la sociedad, de buscar el enfrentamiento. La táctica habitual de la cortina de humo para desviar el foco de la opinión pública de otros asuntos polémicos, pero esta vez con un debate muy serio que no puede ni merece ser utilizado como pretexto. Porque hay varios cientos de miles de seres humanos con su futuro en juego y un país que tiene derecho a deliberar sobre su capacidad de acogerlos.

Nada de eso parece importar, porque si importase se abordaría la cuestión de otra manera. El proyecto de ley, inicialmente admitido por amplia mayoría, estaba dormido en un cajón a la espera de una definición más concreta. Había consenso sobre la idea pero no sobre los detalles, los requisitos exigibles, las reglas de concesión de papeles, etcétera. Y de repente, al nublarse su horizonte penal y demoscópico, el Ejecutivo lo desempolva, lo convierte en decreto y lo aprueba haciendo caso omiso de las críticas y de las protestas. No resulta difícil interpretar que el viraje aparenta responder a una maniobra estratégica destinada a estimular la reacción emocional de los votantes de la derecha, muy en particular los de la vertiente más extrema.

Una vez más el interés general queda subordinado a los cálculos electorales. El crecimiento de Vox, algo frenado en los últimos meses, constituye la principal esperanza de Sánchez, empeñado en que el partido de Abascal se dispare para ver si el miedo moviliza a sus propios votantes y de rebote merma las expectativas de los populares. Los gurús de la Moncloa siguen creyendo que la amenaza de la ultraderecha refuerza sus posibilidades, y nada agita más a ese electorado que el rechazo a los inmigrantes. Pretenden usarlos como carne de cañón en una confrontación irresponsable que va a profundizar el ya peligroso deterioro de la convivencia entre extranjeros y nacionales. Y aún tienen el cuajo de llamar política humanitaria a este disparate.