La seguridad nacional y la integridad de la industria estratégica española han entrado hoy, 16 de abril de 2026, en una dimensión de peligro desconocida en nuestra historia democrática.
El señalamiento explícito por parte de Moscú del Grupo Oesía y su filial UAV Navigation como «objetivos militares legítimos» constituye una agresión verbal sin precedentes que ha sido recibida con un silencio gubernamental tan asimétrico como inquietante.
La amenaza no es retórica. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha difundido una lista de instalaciones europeas que deben ser, en sus palabras, «neutralizadas».
Entre ellas figura la tecnológica española presidida por Luis Furnells, cuyas sedes en Madrid y Valdepeñas han visto sus coordenadas geográficas expuestas en canales oficiales del Kremlin.
El motivo es el éxito tecnológico de sus sistemas de guiado para drones (capaces de operar en entornos sin señal GPS) y su reciente implicación en la fabricación de componentes para los misiles Patriot PAC-3 MSE.
Ante este ataque frontal a una empresa que es pieza clave de nuestra soberanía industrial y de la arquitectura de defensa de la OTAN, la respuesta del Ministerio de Defensa ha sido un lacónico «no comentar».
Esta pasividad contrasta de forma hiriente con la hiperestesia diplomática mostrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en episodios recientes de índole estrictamente personal o partidista.
En mayo de 2024, el Gobierno no dudó en retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires y movilizar todo el aparato del Estado por un insulto del presidente argentino, Javier Milei, dirigido a la esposa del presidente, Begoña Gómez, quien carece de responsabilidad institucional.
Entonces, la «dignidad de España» se consideró herida de muerte por una diatriba en un mitin.
Hoy, cuando una potencia nuclear amenaza con bombardear una factoría en Ciudad Real, esa misma dignidad parece haberse disuelto en una prudencia que linda con la dejación de funciones.
El historial de este Gobierno ante el matonismo del Kremlin es, cuando menos, errático.
Es imposible olvidar la frialdad burocrática con la que se gestionó el asesinato en suelo español del desertor ruso Maxim Kuzminov, ejecutado en un garaje de Villajoyosa (Alicante) en febrero de 2024 por presuntos agentes de la inteligencia rusa.
Aquella violación flagrante de nuestra seguridad territorial fue despachada con una discreción que hoy se repite ante el Grupo Oesía.
Se consolida así un patrón de conducta: el gobierno de Pedro Sánchez se muestra implacable con los aliados democráticos que cuestionan sus políticas (como ha ocurrido con las crisis recurrentes frente a Israel), pero se muestra dócil o silente ante las autocracias que amenazan físicamente a nuestros ciudadanos o intereses.
La prudente postura del Grupo Oesía es comprensible. Como entidad privada que opera en un sector crítico, el perfil bajo y el alineamiento con el Estado son sus únicas herramientas de defensa inmediatas.
Sin embargo, lo que en una empresa es responsabilidad corporativa, en un gobierno es una claudicación.
José Pardo de Santayana, coronel retirado del Ejército de Tierra y vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, ha afirmado en declaraciones a EL ESPAÑOL que la de Medvedev «es una amenaza real».
Santayana considera que dicha amenaza no es retórica: «No sé si alguien lo podría interpretar como zona gris, pero es más que zona gris. Es una amenaza clara y directa del uso de la fuerza, lo cual no quiere decir que se vaya a ejercer, pero sí que se mantiene la posibilidad».
El silencio de Sánchez ante Putin, mientras cultiva una calculada ambigüedad frente al régimen chino y otros actores del eje autoritario, sugiere que la política exterior española ha dejado de guiarse por principios liberales para subordinarse a la supervivencia mediática del líder.
Un Estado serio debería haber convocado hoy mismo al embajador de la Federación Rusa para exigir el cese inmediato de las amenazas contra empresas españolas. No hacerlo envía un mensaje de debilidad sistémica: en la España de 2026.
La idea que deja el gobierno es que la protesta diplomática es un recurso que se activa por agravios personales en la Moncloa, pero que se racanea cuando el riesgo lo corren ingenieros y trabajadores de nuestra industria de defensa.
La asimetría es inaudita. El silencio del gobierno nos condena a la irrelevancia internacional.