Ignacio Camacho-ABC

  • La idea de que Vox se desgastará en las responsabilidades de gobierno parece un autoconsuelo ante la falta de otro remedio

Según el canon progresista, Pedro Sánchez puede pactar con exterroristas sin arrepentir, autores convictos de una sedición y hasta racistas, como los califica la todavía vicepresidenta Yolanda Díaz, pero si el PP pacta con Vox comete una felonía política. Felonía que los socialistas podrían impedir permitiendo con su abstención de la investidura de los candidatos populares que ganaron sus elecciones con mayoría relativa, idea vetada por el partido, como el perro del hortelano, a los dirigentes que se han atrevido a sugerirla. Sucede que muchos votantes empiezan a darse cuenta del precio de romper la regla no escrita que facilitaba el turno bipartidista: encontrarse con la cruz de la moneda cuando el bloque de izquierdas no alcanza suficiente masa crítica.

Todo lo que ha hecho el sanchismo podría servir de justificación moral a la derecha para cometer sus mismos abusos de poder si quisiera. Ésa es, de hecho, la principal tentación que debe rehuir Feijóo ahora que está cambiando la tendencia. Si los números le obligan a aliarse con Abascal tendrá que hacerlo como mal menor, pero sin naturalizar unos acuerdos que van contra la esencia de una formación de vocación liberal y proeuropea. Y desde luego no sin antes disputar a fondo los votos que le permitan gobernar con las manos libres de imposiciones ideológicas ajenas. Para desmontar de verdad el legado de esta etapa de polarización funesta se necesita un sólido esfuerzo de regreso a los fundamentos institucionales del sistema.

En sentido, el pacto de Extremadura deja dudas sobre la capacidad del centro-derecha para no dejarse doblar el brazo. Guardiola ha resistido en materia de igualdad pero en inmigración puede haber cedido demasiado al aceptar cláusulas difíciles de encajar en el marco constitucional y el ordenamiento legal derivado. A simple vista no parece factible que una autonomía pueda discriminar el derecho universal de acceso a la vivienda o a los servicios sanitarios, ni dar prioridad a ciertos ciudadanos por su origen o arraigo por mucho que los nacionalistas catalanes lo hayan intentado. O ha faltado asesoría jurídica, o se han suscrito compromisos a sabiendas de que se trata de papel mojado o, lo que sería peor, alguien ha cambiado de principios básicos.

En la cúpula ‘pepera’ –salvo en la andaluza de Juanma Moreno– cunde hace tiempo el pensamiento de que Vox se va a desgastar formando parte del Gobierno. No está tan claro; más bien parece un autoconsuelo ante la falta de otro remedio. Los ciudadanos piden responsabilidades al liderazgo, no a sus subalternos, del mismo modo que la oposición se las ha pedido a Sánchez, no a los ministros de Sumar o de Podemos. Y algo de eso sabía el propio Feijóo cuando garantizó una alternativa monocolor en el último congreso. El desempeño de los términos firmados corresponderá a todo el ejecutivo extremeño, y de rebote a la dirección nacional que ha dado su consentimiento. Ojo con las consecuencias, que ya no queda margen –ni perdón– para un segundo tropiezo.