Bajo la superficie de unas cifras de crecimiento del PIB dopadas por el gasto público, la inmigración y el turismo, aparece una economía aquejada de patologías estructurales graves, una inseguridad jurídica galopante y un endeudamiento público insostenible que compromete el bienestar de las generaciones futuras.

El Gobierno se ufana de un crecimiento superior a la media de la eurozona. Sin embargo, esta afirmación tiene fundamentos muy frágiles.

El FMI pone el dedo en la llaga: el motor de la economía española no es la inversión productiva ni el incremento de la eficiencia, sino el consumo público y factores exógenos. El Ejecutivo presenta como un éxito un crecimiento extensivo, de baja calidad, propio de economías atrasadas.

La inversión privada, piedra angular de cualquier proceso de crecimiento sano y sostenido sigue ofreciendo un comportamiento anémico. Está todavía un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia, una anomalía en el contexto europeo, sólo explicable por un entorno hostil para el capital.

La ‘reforma laboral’ de Yolanda Díaz es considerada por el FMI un artificio estadístico

El FMI advierte de algo evidente: sin inversión no hay aumento del stock de capital y ello reduce el crecimiento potencial de la economía.

El diagnóstico sobre la productividad es desolador. Con un crecimiento anémico cercano al 0% en la última década, España se ha convertido en un museo de ineficiencia económica. Está inerme y corre el riesgo de quedar descolgada de la nueva revolución industrial en curso.

Una economía que no genera eficiencia es incapaz de absorber la inteligencia artificial o la automatización. Si este panorama se consolida, los salarios reales estarán condenados a estancarse y los españoles a una pérdida de poder adquisitivo estructural.

La ‘reforma laboral’ de Yolanda Díaz es considerada por el FMI un artificio estadístico. Aunque la tasa oficial de paro se sitúa en el 9,9%, es un 55% superior a la media de la eurozona (6,4%) y supera en un 65% la media de la UE (6,0%). 

El organismo alerta sobre la trampa de los fijos-discontinuos y señala que esta figura constituye una precariedad disfrazada y distorsionadora al computar como ‘empleados’ a trabajadores inactivos. Ello, sumado a un desempleo juvenil crónico, demuestra que la rigidez normativa sigue siendo un lastre estructural.

El FMI constata su mínimo impacto en la economía real y su falta de capilaridad hacia el sector privado

El FMI exige reducir una dualidad que, bajo el eufemismo de proteger a unos pocos, expulsa a los más vulnerables y cercena la flexibilidad necesaria para competir en una economía global.

Uno de los puntos más críticos se refiere al marco institucional. La deriva hacia un intervencionismo arbitrario es calificado como un ataque a la certidumbre necesaria para invertir. El FMI afirma que la discrecionalidad  y el cambio constante de las reglas del juego penalizan el crecimiento a largo plazo.

España se ha convertido en un laboratorio de ingeniería social donde la propiedad privada es supeditada a las necesidades de caja de un Estado hipertrofiado que gasta por encima de sus posibilidades.

El FMI desmantela también la retórica gubernamental sobre la «consolidación fiscal». El organismo es tajante: la reducción del déficit se ha debido fundamentalmente a la inflación, que ha engrosado la recaudación vía IVA e IRPF sin deflactar tarifas, mientras el gasto sigue desbocado. Con una deuda pública que se resiste a bajar significativamente del 105% del PIB, el FMI exige un ajuste estructural creíble que el Gobierno se niega a realizar por intereses políticos y clientelares.

Mención aparte merece la reforma de las pensiones. Para el FMI, el esquema actual es una bomba de relojería financiera. Al ligar por ley las pensiones al IPC sin introducir mecanismos de ajuste automático por el lado del gasto, se ha generado un agujero estructural creciente.

El organismo advierte que las previsiones de ingresos proyectadas por el Gobierno serán insuficientes y el sistema requerirá ajustes adicionales de entre 3 y 4 puntos del PIB de aquí a 2050 para evitar la quiebra. Esto condena a España a un déficit crónico que solo podrá cubrirse con una presión fiscal asfixiante sobre los trabajadores activos, lo que deteriorará la competitividad y la equidad intergeneracional.

El informe aborda asimismo el mito de los Fondos Next Generation. El Plan Marshall del siglo XXI se ha convertido en una ineficiente maraña burocrática. El FMI constata su mínimo impacto en la economía real y su falta de capilaridad hacia el sector privado.

El grueso del dinero se queda en el sector público y no se emplea en financiar proyectos disruptivos capaces de transformar el tejido productivo. Se está desperdiciando una oportunidad histórica puesta al servicio de intereses clientelares.

La guinda de este sombrío pastel es la persistencia de una inflación que el FMI proyecta como una de las más elevadas de la eurozona. Ello generará una presión al alza sobre los salarios con dos consecuencias.

Si se incrementan para compensar el alza del nivel general de precios, los costes de las empresas se elevarán, lo que erosionará su competitividad; si no sucede eso, los trabajadores deberán afrontar una pérdida real de poder adquisitivo.

El veredicto del FMI es una impugnación radical del optimismo antropológico de la Moncloa. España no va «como un cohete» y el “milagro” no existe. Queda una economía camino del estancamiento y un Estado ineficiente, ruinoso y confiscatorio.