Tonia Etxarri-El Correo

Era una pieza muy golosa para que no la aprovechara el presidente del Gobierno en la sesión de control que él hace a la oposición en el Congreso. El pacto de gobernabilidad suscrito entre el PP y Vox de Extremadura con su «prioridad nacional» sobre el inmigrante como bandera que le está dando más de un quebradero de cabeza a los de Feijóo. Llevan horas explicando que esa alianza que permitió ayer investir a María Guardiola como presidenta de la comunidad autónoma y que favoreció el entendimiento en Aragón, no es lo que parece. Que no es un repliegue identitario en el más puro estilo ‘lepenista’ y que, para el PP, no hay ciudadanos de primera y segunda según su origen de nacimiento. Así es que Pedro Sánchez recogió el regalo para lanzarlo contra Feijóo en pleno hemiciclo.

Los dos aguijones más contundentes contra el presidente del Gobierno procedieron de PP y Junts. Feijóo reprochando el récord de subida de impuestos, la corrupción, las deficientes infraestructuras y la falta de humanidad. Pedro Sánchez le devolvió el golpe acusándolo de violar la Constitución por su pacto con Vox sobre la inmigración. Implacable contra el PP y sumiso con Junts cuya portavoz exhibió una beligerancia cada vez más subida de tono. Pero las espaldas de Pedro Sánchez aguantan cualquier golpe que venga de los socios que le han sostenido, hasta ahora, en La Moncloa. «¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?», preguntaba Mìriam Nogueras. Pero el interpelado le respondió agasajándola con la equiparación de Cataluña y España como dos países equivalentes. Zanahoria para Junts y palo a Feijóo por la trampa de la «prioridad nacional».

Se trata, en realidad, de un dardo envenenado contra el propio PP que ayer se esmeraba en dar cuenta sobre la diferencia entre la ‘prioridad nacional’ y la prioridad al ‘arraigo’, mientras un envalentonado Vox reconocía que piensa trasladar el concepto de marras, como condición troncal, para futuros gobiernos. Por eso ayer el PP votó, en el Congreso, en contra de la moción de Vox sobre la prioridad nacional como norma para aplicar en todo el país, porque iba más lejos que en los acuerdos de Extremadura y Aragón.

Vox no improvisa. De hecho, lleva hablando de la prioridad nacional desde 2019. Lo hizo Santiago Abascal nada menos que en Ceuta. ‘Españoles, first’, en plan Trump. Y ahora, con la regulación masiva para inmigrantes, ha visto juego. Quiere capitalizar la preocupación ciudadana ante el caos inicial y ante el miedo a que se derrumbe el Estado del bienestar. ¿Tiene sentido que la regulación vaya a afectar a presos sin condena todavía pero con antecedentes policiales? Posiblemente se trate de una estrategia para comprar votos a medio plazo. Pero, sin duda, aumentará la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Vox recoge el guante sentenciando que no piensa tolerar a quienes vengan a delinquir.

Si, por respeto a la voluntad de los votantes, hay que pactar, que lo hagan. Pero sin quebrantar principios fundamentales que no se pueda explicar como le ha ocurrido a Pedro Sánchez con todas sus cesiones a la extrema izquierda populista y a los independentistas. Si PP y Vox no son capaces de mantener su acuerdo sobre inmigración, tendrán que gobernar sobre el alambre de unos gobiernos inestables. Y ése no ha sido el mandato de las urnas.