Editorial-El Correo

El mensaje lanzado ayer en el Parlamento vasco por el consejero de Salud, Alberto Martínez, sobre el fuerte impacto de la huelga de médicos en Osakidetza constituye toda una señal de alerta. La sucesión de protestas afecta a las listas de espera, el caballo de batalla de cualquier sistema sanitario público, hasta aumentarlas en «un 50%», lo que amenaza con echar por tierra los esfuerzos realizados en la legislatura en Euskadi. Parece comprensible que Martínez haya elevado la presión sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, en un intento por tender puentes con el colectivo de profesionales movilizado para poner fin a un pulso que está pasando una enorme factura a la «calidad» de la atención al paciente. Ese deterioro de la sanidad pública es el peor síntoma y debería constituir toda una línea roja para las dos partes en litigio: la Administración como gestora de un servicio esencial y los profesionales que lo llevan a la práctica, a quienes se les supone una responsabilidad mayor si cabe para superar los agobios cuando vienen mal dadas. Aguantar el tirón en Osakidetza también es evitar que los usuarios busquen soluciones en la red privada o que los de rentas modestas terminen rezagados.