Los estudiosos del fenómeno migratorio coinciden en que, tras más de treinta años de experiencia como país receptor de inmigrantes, España hace tiempo que debiera haber dejado atrás la fase de adaptación para estar de lleno en un ciclo de madurez como país de acogida e integración. Y hasta no hace mucho eso parecía.

Los flujos migratorios que han llegado a España, mayoritariamente afines en clave sociocultural, y el papel fundamental de estos en el crecimiento económico, especialmente en la “sostenibilidad del sistema de pensiones” -tal y como reflejan los informes del Consejo Económico y Social (CES), por citar solo una fuente de las distintas que acreditan solvencia-, han sido factores que durante años favorecieron la vigencia de un consenso tácito que alejó la inmigración del debate electoral.

“Aunque tradicionalmente la inmigración no figuraba entre las principales preocupaciones de la población, desde 2023, y especialmente en 2024 y 2025, su relevancia ha crecido notablemente en la opinión pública”, se puede leer en un reciente informe del CES que lleva por título “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas”. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido las causas que han provocado el aumento de la inmigración percibida como problema nacional?

De motor de crecimiento a problema nacional

El informe del CES defiende que este cambio se detecta más a nivel sociotrópico (preocupación por el impacto en el país) que egotrópico (preocupación personal), anotación relevante a partir de la cual se puede extraer una primera conclusión que a mi juicio explica el acelerado incremento de la percepción negativa de la inmigración. Podríamos resumirlo de esta forma: los casos de impacto negativo de la inmigración, reales pero minoritarios, se utilizan para generar la sensación de que la amenaza es global.

Sensación que desde la otra orilla del espectro partidario se contribuye a propagar para usarla como hecho político diferencial. Excluida cualquier esperanza de reconstruir un mínimo consenso, unos y otros, como si de inofensivos globos de agua se tratara, practican el lanzamiento del inmigrante como ventajoso multiplicador de rédito político.

La consecuencia es que las corrientes xenófobas internacionales han penetrado con fuerza en España y la inmigración ya aparece como uno de los principales problemas del país, pese a ser “el principal motor de crecimiento poblacional y económico de los últimos años”, componente esencial, por ejemplo, en la recuperación tras la pandemia, y variable clave en la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas.

Contra el pacto europeo sobre migración

Esta es la realidad, a partir de la cual surge una inmediata pregunta: ¿Por qué no se explica? ¿Por qué el Gobierno, que en los últimos años ha presupuestado más de 2.000 millones de euros en publicidad institucional, no hace pedagogía? Y solo se me ocurre una respuesta: porque no le interesa demasiado; porque la confrontación con Vox, y el protagonismo del partido de Santiago Abascal, en esta y en otras materias, sigue siendo un elemento fundamental en la estrategia electoral de Pedro Sánchez.

Como recordaba aquí Félix Madero, Sánchez ha usado sistemáticamente a Abascal para poner al Partido Popular en dificultades, llegando a exigir, acordémonos, la presencia de Vox en los debates electorales cuando la formación ultrapopulista no tenía ni un solo representante en el Parlamento. Y Vox, por más que se enfaden cuando se les subraya la evidencia, ha crecido a la sombra de un PSOE que les necesita. Se retroalimentan, y la última prueba de ello es la reciente regularización de inmigrantes decidida por el Gobierno.

Podía haberse hecho buscando el mayor grado de acuerdo, explicándola, debatiéndola en el Congreso. Pero no, se optó por activarla vía real decreto, deprisa y corriendo, anticipándose a la entrada en vigor, en junio y julio, del paquete normativo sobre migración y asilo aprobado por la Unión Europea, que fija, entre otras, estas obligaciones: 1) “Que todos los migrantes irregulares sean registrados y sometidos a inspecciones de identidad, seguridad y sanitarias”; 2) “Armonizar las condiciones de acogida en la Unión Europea reduciendo los incentivos para los desplazamientos secundarios”.

Debate nulo y desfigurado

El Gobierno parece haber decidido quemar las naves con la Unión Europea también en esto. La regularización, de la que naturalmente tampoco informó en Bruselas, ha cogido por sorpresa a casi todos nuestros socios. Sánchez, en un nuevo episodio de insolidaria incoherencia (se firma una cosa y se hace la contraria), ha hecho caso omiso de las condiciones que establece el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA). Sánchez ya está en modo campaña y lo de registrar y someter a “inspecciones de identidad, seguridad y sanitarias” a los irregulares le habría ocasionado un serio contratiempo en su flanco más a la izquierda, además de desmontar su discurso antixenófobo.

También Abascal solo discurre ya sobre su peso en un futuro gobierno. Consciente de que sus propuestas sobre las verdaderas prioridades del país no han obtenido la atención suficiente, quizá por ser demasiado primarias, hace tiempo que decidió poner el foco en la inmigración. Su “prioridad nacional”, con las variantes que se quiera, será el mensaje sobre el que gire su oferta política en las próximas campañas, agigantando los casos más extremos y escondiendo la cotidiana realidad de un colectivo, el inmigrante, que atraviesa por los mismos problemas, pero aumentados, que sufren los nacionales.

La prioridad nacional de Vox desfigura el verdadero debate migratorio, también en aquello en lo que tienen parte de razón. Porque la realidad de Jaén, con una población extracomunitaria que ocupa un 4% del empleo total, no es la que se vive en Lérida, donde ese porcentaje se acerca al 25%. Situaciones distintas y distintos niveles de potenciales conflictos socioculturales que no admiten recetas parecidas.

La prioridad nacional de Abascal no solo provoca un descontrolado torbellino de incomodidades y contradicciones en el PP de Núñez Feijóo. Sobre todo, alimenta las más bajas pasiones, incrementa el riesgo de que se redoblen los problemas de convivencia, aleja cualquier posibilidad de que se articule una reflexión nacional sobre la inmigración y desplaza a un plano tangencial, para satisfacción del Gobierno, las verdaderas prioridades y problemas del país.