Sánchez se pliega a la redención de etarras como héroes del pueblo

Aunque a estas alturas ya nada puede sorprendernos de las cesiones de Sánchez a sus socios de Bildu, cuyo objetivo, repetido por Otegi, es romper España, como trámite previo para la construcción del Euskadi independiente. Los homenajes a terroristas de ETA que se vienen sucediendo como acontecimientos populares, con total impunidad, al exaltar a los asesinos como héroes del pueblo, evocan bastante a ese delito de odio que tanto parece preocupar a Pedro Sánchez, tal y como denuncian las asociaciones de víctimas. En tanto la sociedad española asiste insólita a la progresiva puesta en libertad de los sucesivos dirigentes de la banda terrorista, sobre los que pesan condenas de cientos años de cárcel, sin que ni siquiera cumplan la parte mínima de las mismas. Pero ya sabemos que eso forma parte del lote entre Pedro Sánchez y Otegi, como este mismo resalta como condición sine qua non para mantener el apoyo que aquel precisa para seguir en la Moncloa.

La aplicación de la llamada «Ley de la Memoria Democrática» permitir incluir a etarras entre las víctimas del franquismo y ser indemnizados por el Estado (en tanto los terroristas no han pagado nunca las reparaciones económicas que tendrían que abonar a sus víctimas y los estragos causados), hasta 1983, en tanto la banda seguía asesinando. Conviene recordar que, aparte de Stanley G. Payne, otros muchos historiadores solventes han criticado el maximalismo de las leyes de Memoria Histórica y Democrática, su parcialidad y falta de rigor al describir de modo simplista la realidad de la II República, que el propio Ortega criticara cuando dijo «No es esto» y sus posteriores consecuencias en la guerra civil. Además, omiten que ese periodo histórico incluye los acontecimientos de 1934.

Pedro Carlos González Cuevas, profesor de Historia, estudioso de ese período, ha advertido que «no es aceptable hacer pasar la propaganda de uno de los bandos de la Guerra Civil como la versión oficial y obligatoria de nuestro pasado más reciente, y pretender que la causa que defendieron todas las organizaciones que formaron parte de él es idéntica a los principios y valores que inspiraron la Transición a la democracia y la Constitución de 1978. El franquismo no puede servir de pretexto para instituir con los recursos del Estado una mentira oficial: la existencia de una intachable adhesión a la democracia liberal, constitucional y representativa, a lo largo del siglo XX, de organizaciones como el PSOE, el PCE, la UGT o la CNT y los distintos partidos nacionalistas, y reducir nuestra tragedia de 1936 a 1939 a una lucha entre demócratas y fascistas. Hoy vigente en la sociedad española. Sánchez y sus socios lo han extendido de modo artero, al considerar «fascistas» sin más a todos los que no asuman sus ideas y planteamientos y tengan y expresen en las urnas otros diferentes.

A lo largo de su vida política, Pedro Sánchez, ya fuera desde la tribuna del Congreso de los Diputados, ya en entrevistas o coloquios en las televisiones, ya en actos públicos de partido o campaña electoral, ha aludido repetidamente a que se considera un hombre de principios que rigen su vida pública, que para él existen líneas rojas intraspasables (mensaje que repiten sus más directos colaboradores, como bases morales de su actuación) y sobre todo que siempre cumple su palabra. Es ocioso comprobar ahora que la realidad cotidiana no confirma que tales ideas hayan alimentado su etapa de Gobierno, en cuestiones fundamentales del Estado, dada la abismal distancia entre lo dicho y lo hecho. Es más, este hecho ha llevado a concluir como halago a su pragmatismo por parte de algunos de sus más directos partidarios que su mérito reside en que «no se siente concernido por sus palabras, sino por sus objetivos». Si hay que darle a Bildu lo que pide, a cambio de su apoyo, pues se le da.

Y frente a tanto cinismo, el catedrático de Historia Contemporánea Luis Togores señala que la Ley de Memoria Democrática «es una ley totalitaria que reprime la libertad en general con el insano propósito de crear una historia oficial, algo típico de los regímenes comunistas para justificar acciones políticas de ingeniería social del presente». Y como consecuencia del débito contraído por Sánchez con Bildu, asistimos al «lavado de cara de ETA». El colmo de la reinterpretación de la historia conduce al absurdo de que primero el PNV, siempre Herri Batasuna, luego Sortu-Bildu y ahora hasta el Partido Socialista de Euskadi-PSOE, aceptan que en parte o totalmente la actividad terrorista de ETA se puede reinterpretar como una lucha radical contra el Estado franquista que era en sí misma legítima. Lo único censurable serían, en parte, sus métodos. Ahora, se mantiene el mismo objetivo que tenía ETA, pero se postula de forma pacífica porque Bildu es una organización democrática que forma parte de la mayoría social de progreso que respalda a Sánchez. Pero ni se pide perdón y se va soltando a los pistoleros sin que lo hagan o colaboren para aclarar esos más de 300 asesinatos impunes. En este sentido, Zapatero alaba a Bildu por ser un ejemplar partido democrático y en la televisión pública uno de sus contertulios sanchistas, el bachiller Gonzalo Miró (no consta que haya acabado carrera alguna), dice, sin pudor, que «Bildu es un partido constitucional».

Como el propio PNV interpretara en su momento, los etarras fueron considerados hijos descarriados de aquellos que lucharon contra el franquismo. «Estaban acertados en sus motivos, aunque no del todo en los métodos a partir de 1975, por lo que sus acciones son comprensibles, en cierta forma justas y perdonables. Algunos de los que hoy gobiernan parecen sentirse más próximos a los verdugos que a las víctimas, ya que los asesinados en cierta forma se lo merecían por ser «fascistas o católicos» en 1936, o franquistas y opresores de la libertad durante el franquismo y la Transición», expone el profesor Togores. De ahí la comprensible tolerancia de Pedro Sánchez y su partido. La consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Luisa Sanjosé, del PSOE, es hoy la gran facilitadora que abre la puerta de la cárcel a terroristas condenados a cientos de años de cárcel, usando como conviene las disposiciones con que se justifican. Y todo ello, sin arrepentimiento, ni colaboración para aclarar crímenes impunes o casos, como el de los tres jóvenes gallegos, secuestrados, torturados y desaparecidos, de los que nunca más se supo.