En contra de ese esfuerzo de resistencia juega el peso de la corrupción en el panorama sociopolítico. Esta semana concluye, con la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama, el primer gran juicio de la cadena de procesos sobre la venalidad del sanchismo. El entorno gubernamental defiende la idea de que la saturación de escándalos puede acabar provocando en la opinión pública un efecto de cansancio susceptible de amortiguar el castigo previsto, de tal modo que aún sea viable rescatar al menos una parte de los apoyos perdidos. Los resultados de las recientes elecciones autonómicas y los pronósticos de los sondeos no ofrecen, sin embargo, señales de alivio. Es posible que exista un cierto acomodamiento social al ruido y que el relato fundamental de los hechos apenas registre novedades más allá de los sórdidos detalles aportados por los testigos, pero los muy probables veredictos condenatorios van a tener un impacto decisivo. Y continúan apareciendo indicios de financiación irregular del partido.

Salvo la aparición de un cisne negro en forma de sacudida planetaria capaz de poner el tablero boca abajo, este mandato está condenado. Sólo una secuencia de errores no forzados de la oposición –y ya se ha visto alguno– puede salvarlo. Quizá el desfondamiento clásico de la derecha en el último tramo pueda apretar el resultado y reducir su actual estimación agregada de doscientos escaños, pero el fin de ciclo parece cantado. Lo que no cabe descartar en ningún caso es un órdago a la desesperada de Sánchez, un desafío polarizador a la máxima potencia que deje la corrupción a un lado para lanzar al país a un vértigo de demonios sueltos y romper la convivencia en pedazos. La regularización migratoria constituye en ese sentido una tentativa de desestabilización, un ensayo de la disposición a utilizar cualquier material combustible para prender un cisma civil incendiario. Cuando empiecen a caer sentencias no será extraño asistir a una insurrección institucional del Ejecutivo contra el Estado.