El único dato económico positivo del que ha podido presumir el Gobierno este martes es el del crecimiento del PIB, cuyo pronóstico se mantiene para este año en un 2,2%.
El resto de métricas reportadas por el ministro de Economía no dejan lugar para la satisfacción. Y, sobre todo, comprometen el relato triunfalista sobre la robustez de la economía española y su supuesto buen desempeño.
Los efectos colaterales de la guerra de Irán han obligado a Carlos Cuerpo a revisar al alza su previsión de inflación del 2,1% inicial al 3,1%. Un incremento adicional del coste de la vida llamado a hacer pinza con la sofocante presión fiscal que soportan los hogares y a mermar aún más el poder adquisitivo de las familias.
Cabe recordar que la no deflactación de los tramos del IRPF en el contexto de la crisis inflacionaria de los últimos años ha hecho que las familias con hijos paguen ya el 40% de sus ingresos en impuestos al trabajo.
Pero el indicador más inquietante es el de la Encuesta de Población Activa, que ha dejado uno de los peores datos de empleo en más de una década, a excepción del año del Covid.
Entre enero y marzo se perdieron 170.300 puestos de trabajo. Y estas cifras sólo están abocadas a agravarse si el conflicto bélico en Oriente Medio se prolonga y los precios del petróleo y el gas continúan disparándose.
La previsión es que este año la cifra de creación de empleos se reduzca en más de un 25%, a la mitad en 2027.
Se trata del primer síntoma grave de la desaceleración que se está produciendo en la economía española, que ya había sido advertido por entidades como el Banco de España, Funcas, BBVA Research o la AIReF.
Es muy significativo el aumento de la tasa de paro hasta el 10,38%, después de un último trimestre de 2025 en el que se recortó por debajo del 10% ante el descenso de la población activa.
Esa diferencia indica que el paro no ha subido por nuevas incorporaciones al mercado de trabajo o la llegada masiva de inmigrantes.
Se ha producido, sobre todo, por un freno en la actividad, centrado en el sector servicios.
Con sus 2,7 millones de parados, España vuelve a situarse como el campeón del desempleo en la Unión Europea.
Al desglosar por nacionalidad estas estadísticas, se descubre que, en el último trimestre, 40.000 trabajadores extranjeros han perdido su empleo.
Este dato resulta especialmente demoledor por su coincidencia con el inicio de la regularización masiva aprobada por el Gobierno.
Porque uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo a favor de una medida enormemente cuestionable, tanto por su oportunidad como por su diseño, es que resulta beneficiosa y necesaria para fortalecer el mercado laboral español, al contribuir con mano de obra extranjera a llenar vacantes que la fuerza de trabajo nacional no alcanza a ocupar.
Desde este punto de vista, la regularización tendría sentido de existir puestos de trabajo sin cubrir.
Pero cuando ya hay un total de 731.900 inmigrantes en paro entre los que ya residen legalmente en España, no se comprende bien el sentido de conceder el permiso de trabajo a otro medio millón. Y eso siempre según las estimaciones del Ejecutivo, pues las más realistas calculan que van a ser alrededor de 1,2 millones de extranjeros los que se beneficiarán de esta regularización.
La filosofía de la política inmigratoria del Gobierno, incluyendo el más que posible efecto llamada, tiene sentido cuando la economía y el empleo crecen. Pero cuando estos se comprimen y el empleo se convierte en un bien escaso, esa política inmigratoria pierde todo el sentido hasta resultar, en último extremo, contraproducente.
Uno de los argumentos del Gobierno para defender la regularización masiva es que en España hay trabajos que sólo realizan los inmigrantes. Pero cuantos más españoles hay en paro, más competitividad extra se genera en la búsqueda de los pocos puestos de trabajo que restan por cubrir en el mercado.
La consecuencia será un mayor número de inmigrantes con menor arraigo y cobrando la prestación de desempleo, lo que a su vez tensionará las arcas del Estado.
Resulta cuestionable que el Gobierno priorice la atracción multitudinaria de trabajadores extranjeros antes de emplear sus esfuerzos y recursos en la formación y la colocación de los casi tres millones de desempleados que aún tiene España.
Pero es todavía más disparatado pretender ensanchar la población activa con un segmento poblacional que registra una tasa de paro un 65% superior a la de la población española (17% frente al 9,4%).
La desaceleración de la economía española, que ha registrado hoy un punto de inflexión preocupante, desacredita el orgullo de los datos macroeconómicos que ha invocado repetidamente el Ejecutivo como credencial de gestión solvente en un contexto de impugnación generalizada de su labor. Pero la incapacidad de nuestro mercado laboral para absorber a los inmigrantes que ya están aquí resquebraja por añadidura la viga maestra sobre la que el Gobierno ha justificado una regularización a la que ya cuesta encontrarle ninguna ventaja.