El empleo acaba de dar una señal de alarma contundente y preocupante con los peores datos desde 2013 y una subida del paro que vuelve a rozar el 11%. La inflación reaparece con el conflicto en Oriente Medio, impactando en el poder adquisitivo de los salarios. Como no soy economista, prefiero hacerme eco de análisis como el que publicaba Manfred Nolte el lunes en este periódico, porque ponía de manifiesto aquello de que ‘dato mata relato’.

Sabemos que nuestro país esta divergiendo de la media de la eurozona en PIB per cápita, de la que, con datos de Eurostat, nos separa una brecha del 20%-25% y sin visos de mejorar. El salario neto medio ha caído un 3,4% en términos reales entre 2018 y 2025, en parte porque la tributación por IRPF de los salarios -nada que ver con los ‘megarricos’- hace que estos paguen más impuesto hoy que hace seis años. La no deflactación de la tarifa del impuesto y la escasa productividad a la que los salarios están ligados producen un efecto verdaderamente empobrecedor, porque sube el empleo pero se pierde poder adquisitivo, por mucho que el relato oficial quiera confundir hinchazón con fortalecimiento.

Si vamos al capítulo de vivienda, no se trata solo de que los anuncios de cientos de miles de viviendas que el Gobierno compromete en cada campaña electoral se hayan convertido ya en materia lamentablemente risible, sino que una política de intervención directa en el mercado del alquiler es evidente que no está dando resultados. Se puede y se debe hacer política social con la vivienda, pero no a expensas de los propietarios, de la seguridad jurídica que ha llegado a límites apoteósicos con el malogrado real decreto de prórroga y de un control de rentas que intenta resolver por el lado equivocado el problema esencial, que es la falta de oferta residencial.

Si en España se estima que hacen falta 700.000 viviendas, el problema parece elemental que se aborde desde la creación de una oferta suficiente y de la mejora de los mecanismos de cooperación público-privada. Pero para ello es preciso resolver una cuestión previa y es que se evalúen los efectos de las políticas de intervención, que cada vez son más intensas, crean más inseguridad y añaden costes.

Habría ayudado, y mucho, que el Gobierno, en vez de plantear una batalla en este tema para demostrar su gran progresismo, hubiera hecho el esfuerzo de consenso necesario con el PP, mucho más eficaz para conseguir este objetivo que amenazar, como se ha llegado a hacer, con la aplicación del 155 de la Constitución a las comunidades que objeten las medidas gubernamentales.

Y terminemos hablando de democracia o, más bien, de su deterioro especialmente visible en el funcionamiento del Parlamento, la sistemática elusión de la rendición de cuentas, la ocupación de instituciones y organismos públicos, el sesgo partidista impuesto a los medios de comunicación públicos y su dependencia del Gobierno, el uso indiscriminado del decreto ley, que ya ni siquiera es capaz de encubrir la ausencia de una mayoría funcional y estable. El hecho, en fin, de que un presidente del Gobierno haya afirmado sin escándalo estar dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, siendo así que cuando se le ha recordado que no ganó las elecciones en 2023, es Sánchez quien alega la legitimidad de su elección por la mayoría parlamentaria que lo invistió.

Casi ocho años de gobierno crean su propia herencia. Este Ejecutivo es desde hace tiempo heredero de sí mismo. Su responsabilidad es inescapable y aunque intente endosar a otros sus propias responsabilidades, ni siquiera la protesta sindical sincronizada será capaz de lograrlo.