El núcleo de la propuesta del PNV consiste en suprimir el índice general de obligado cumplimiento que actualmente marca la proporción de plazas a perfilar, una referencia que se calcula según el número de euskaldunes y cuasieuskaldunes en cada localidad o territorio histórico y a nivel de toda la comunidad autónoma. De esta forma, sería cada administración la que establecería su propio indicador. La principal novedad que ha añadido, a través de una autoenmienda, es que, en caso de salir adelante, las instituciones deberán fijar en cada OPE un porcentaje de puestos cuya fecha de preceptividad –es decir, el momento en que el euskera pasa de ser mérito a exigencia para un empleo público– se aplazaría. Dicho de otra manera, no sería obligatorio para acceder a la plaza, sino que se podría acreditar más adelante.

Esta iniciativa supone dar la vuelta al sistema vigente y fijar como principio general la obligatoriedad de conocer los dos idiomas oficiales para poder trabajar en el sector público. Si ahora la exigencia del euskera se limita a las plazas perfiladas –ya sea con fecha de preceptividad vencida o por vencer– y en las demás es un mérito, la intención de EH Bildu es que el requisito se extienda a todos los puestos. A partir de ahí, eso sí, se establecerían excepciones en las que no sería necesario acreditar el conocimiento por el momento. Eso se haría aplicando un índice de progresividad que tendría en cuenta la realidad sociolingüística de cada municipio y territorio histórico.

Si el PNV quiere eliminar el índice de obligado cumplimiento, lo que busca el PSE-EE es no sólo mantenerlo sino blindarlo elevándolo a la ley, ya que ahora sólo aparece mencionado en el decreto que la desarrolla, de menor rango legal. Así, la norma obligaría a las administraciones públicas a cumplir con esa referencia con «criterios de razonabilidad y proporcionalidad». La propuesta recoge una excepción para los llamados arnasgunes, esas zonas en las que el euskera es la lengua cotidiana. Allí donde su uso sea superior al 80% –en total, 67 municipios como Lekeitio o Azpeitia–, los ayuntamientos podrían perfilar el 100% de las plazas.

El PP plantea que el número total de plazas con perfil preceptivo no supere el 50% de las existentes en cada cuerpo y escala, salvo en el caso de aquellas relacionadas con la política lingüística. Además, propone que la valoración del euskera como mérito en el resto de puestos no sea inferior al 5% ni superior al 20% de la puntuación máxima. También quiere reformar el artículo de la ley –pendiente de ser revisado por el Tribunal Constitucional– que obliga a asignar un perfil a todas las plazas, por mucho que luego en la práctica no se aplique tal cual al no establecerse fecha de preceptividad en muchas de ellas. Reclama no perfilar aquellas que, por sus funciones intermedias o especializadas, no requieran el uso de ambas lenguas.

La propuesta de Sumar pasa por mantener el índice de obligado cumplimiento y que tenga en cuenta no sólo la realidad sociolingüística de cada lugar, sino también la demanda real cuando la ciudadanía se dirige a la Administración. También plantea una especie de plus salarial por bilingüismo y poder acreditar el conocimiento a través de una «evaluación continua» en los euskaltegis en vez de en los clásicos macroexámenes en el BEC.