Ha sido ahora, en el juicio de las mascarillas, cuando ha sentido el peso de la presión de sus superiores sobre sus hombros. ¿Y quiénes son sus superiores? La fiscal general, Teresa Peramato. ¿Y por encima de ella? El Gobierno, según proclamó el propio presidente con una pregunta retórica que él mismo formulaba durante una entrevista radiofónica (¿de quién depende la Fiscalía?).

Con la posibilidad de rebajar aún más la pena al comisionista Aldama, ha tenido sus más y sus menos con la fiscal general. Diferencia de criterios. Choque. Alejandro Luzón pensaba, y de hecho, ayer lo sostuvo en sus conclusiones, que al empresario se le puede aplicar la atenuante de confesión muy cualificada por su condición de arrepentido que ha colaborado con la Justicia y que ya en su primera declaración en sede judicial escenificó su autoinculpación. Por eso, ayer avaló personalmente que se «recompense» a aquellos coautores que se incriminen y ayuden en la investigación de los hechos.

Luzón, sin embargo, no le ha comprado toda la mercancía al arrepentido Aldama. Toda, no. El fiscal cree que el ‘número uno’ de la trama no es Pedro Sánchez sino José Luis Ábalos, que era quien tomaba las decisiones delictivas y Koldo ejercía de brazo ejecutor. ¿Quién corrompió y quiénes se dejaron corromper? No es lo más importante. La esencia de su acusación es ultimar que existió una organización criminal que se relacionaba con las altas instancias de la política española.

Estas conclusiones deberían haber tranquilizado a la fiscal general porque el barro no le ha llegado al presidente del Gobierno. En este caso. Pero si Peramato no ha querido rebajar más la condena a Aldama para que no se libre de la cárcel es porque sabe que a este empresario le queda todavía media docena de procesos judiciales. Su colaboración ha sido determinante para salpicar a Santos Cerdán, por ejemplo.

Como no es normal que la Fiscalía General interfiera en el desarrollo de un juicio dando órdenes al fiscal que lleva el caso, se dirá que esto no ha ocurrido. Solo Luzón sabe cómo se ha librado el pulso y que muchos políticos le han puesto en la diana. Será el tribunal quien decida si Aldama merece una rebaja de la pena porque la colaboración con la Justicia está recogida en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Se trata de perseguir el delito o de que los delincuentes no se vayan de la lengua? El fiscal no tiene dudas. Hay que recompensar a quienes salen del entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción. Sabe de qué habla.