ETA provocó la diáspora de una parte de la población autóctona vasca que huyó hacia otras regiones españolas para protegerse de la violencia. Entre 1970 y 1990, esta emigración afectó principalmente a empresarios y profesionales de alta cualificación. Pero, en los dos decenios siguientes, se extendió hacia otros grupos sociales que, con la estrategia de «socialización del sufrimiento», fueron intimidados. Ello alteró, sin duda, la composición del electorado en favor de los partidos nacionalistas, aunque no disponemos de ningún estudio que haya tratado de medir las dimensiones de este fenómeno. En cambio, sí se ha especulado recurrentemente sobre la cantidad de vascos que se marcharon. Así, desde que Julio Alcaide, a comienzos de siglo, atribuyó al terrorismo la salida de 200.000 personas –redondeando exageradamente la cifra de los 157.000 vascos emigrados por todo tipo de motivos entre 1980 y 2000–, hemos visto cómo, sin el menor fundamento, se ha ido inflando el dato hasta llegar a los 300.000. Y basta con que se preludie algún proceso electoral en el País Vasco para que esta «Ave Fénix» resurja de sus cenizas y llene huecos en los medios de comunicación. Por mi parte, desde que hace ya quince años publiqué mi libro «ETA, S.A.» –tristemente enviado a la guillotina cuando su editor recibió una amenaza de querella por parte de un grupo de intelectuales de Egunkaria–, siempre he criticado tales números, ofreciendo una estimación más razonable basada en la proporción de los nacidos en el País Vasco que tienen su residencia en el resto de España. Con referencia al censo de 2001 –y lo mismo se puede decir del de 2011–, esa magnitud duplicaba la correspondiente a las otras regiones españolas de alto nivel de renta, por lo que cabía atribuir a razones políticas ese exceso migratorio, más allá de los desplazamientos por motivos laborales, de estudios o familiares. En consecuencia, mi cálculo para la primera de esas fechas señalaba a unas 125.000 personas; y en cuanto a la segunda, estaríamos ante unas 145.000 cuando cesó la campaña terrorista. Ahora, seguramente, buena parte de ellas habrá fallecido y aquel exilio tendrá unos efectos electorales reducidos. Recordémoslo, entonces, sin que sirva de excusa para ocultar la debilidad del constitucionalismo.