Cuerpo anunció la creación de un ‘Consejo Global’, codirigido por la economista Mariana Mazzucato, para institucionalizar las tesis de la ‘Economía del Bien Común’ (EBC). El objetivo declarado es trascender la idolatría del PIB para priorizar la «dignidad humana», la equidad y la sostenibilidad.

Nadie puede oponerse, en principio, a un lema tan sugerente. Sin embargo, tras la pátina del «crecer con propósito», conviene preguntarse si estamos ante un cambio real de paradigma o simplemente ante una nueva etiqueta pegada sobre viejas utopías.

Naturalmente, todos aspiramos a una economía mejor, al servicio del ciudadano. El problema no reside en el fin, donde coinciden desde liberales acérrimos hasta intervencionistas furibundos, sino en los medios. Pero la disciplina económica no consiste en promocionar la buena voluntad, sino en la gestión eficiente de los recursos escasos. Todo lo que se desvíe de esta premisa se adentra en los dominios de una perniciosa fantasía.

La Teoría del Bien Común, popularizada por Christian Felber, presenta un programa radical: sustituir el afán de lucro y la competencia por la cooperación y el beneficio social.

En este modelo, el éxito empresarial se mide con un «balance del bien común» y no por sus resultados financieros. Las propuestas de Felber incluyen limitaciones drásticas: que la renta máxima no supere 20 veces la mínima, techos a la propiedad privada y la socialización de las herencias para crear una «dote democrática». Incluso se plantea la eliminación del mecanismo de la quiebra, lo que en la práctica supone premiar el error y la ineficiencia.

Este enfoque, aunque acompañado de intenciones loables, ignora que la competencia no es una selva, sino un mecanismo de asignación que permite al mercado validar planes empresariales y de consumo que satisfacen necesidades.

Sin incentivos, sin tipos de interés que regulen el valor del tiempo y sin el riesgo inherente a la propiedad privada, nos abocamos al desastre que la historia ya ha certificado en otros experimentos colectivistas. Como bien matiza el Nobel Jean Tirole, la economía debe contribuir al interés general, pero basándose en la evidencia y en la realidad de los incentivos, no en una dinámica buenista donde el más hábil termina imponiendo su criterio bajo el disfraz del consenso.

A este escenario se suma Mariana Mazzucato, referente habitual de quienes defienden un Estado tractor y omnipresente. Aunque se muestre bajo el paraguas de la EBC, su receta difiere de la de Felber: una Administración protagonista que dirija la inversión privada hacia objetivos definidos desde el poder público. La paradoja es evidente: mientras la EBC aspira a una democracia económica de base, el modelo Mazzucato se aproxima a una «teleocracia» –en términos de Hayek– donde los fines particulares quedan subordinados a los dictados de una autoridad superior. Además, mucho tendría que cambiar la eficiencia del sector público para demostrar que su capacidad de asignación de recursos supera a la del sector privado.

Entre el mensaje de una ilusión asamblearia y el estrangulamiento burocrático de un Estado acaparador, el vicepresidente Cuerpo haría bien en esquivar patrañas y centrar su mirada en las verdaderas urgencias del país. España lidera el crecimiento en la zona euro, pero lo hace sobre cimientos frágiles. El verdadero «bien común» no pasa hoy por diseñar consejos globales en Barcelona, sino por abordar las carencias que amenazan nuestro futuro: el impacto de la longevidad sobre las cuentas públicas, el fracaso de una productividad mortecina, la rémora de un paro estructural crónico y la incontinencia de una deuda pública que perpetúa la banalización de las subvenciones.

Redefinir la economía es posible, pero hacerlo de espaldas a la realidad de los incentivos y a favor de un intervencionismo creciente no es progreso, sino nostalgia de modelos que nunca funcionaron. La verdadera misión del Gobierno consiste en fomentar el marco apropiado donde los bienes particulares sean alcanzables mediante la participación libre y eficiente. Ese, y no otro, es el bien común sostenible.