Cuando el dinosaurio despertó, Fernando Simón seguía allí. Esta vez hablaba de un hantavirus patagónico que había matado algunos viajeros en un crucero de placer que, a petición de la OMS, se dirigía a las Canarias. Exactamente como dijo al inicio de la pandemia de Covid-19 que mató, se cree, a más de 130.000 personas sólo en España, Fernando Simón -un poco más viejo, pero como conservado en alcanfor- reiteró que tampoco había motivo de alarma ni peligro de contagio masivo, y que la situación con el hantavirus estaba controlada. El dinosaurio no pudo evitar un escalofrío por el déjà-vu de cuando Simón afirmó con desparpajo que solo habría dos o tres casos, pero pensó que quizás solo habían pasado seis minutos desde la Covid-19, en vez de seis largos años, y decidió volver a dormirse, que la vida es sueño y los sueños son mejor sin don Simón.

Un secuestro masivo sin consecuencias

Fernando Simón no sólo fue la enervante voz del Gobierno durante la larguísima y desastrosa epidemia que se llevó a tantos y nos dejó a todos encerrados, sin libertad de movimientos ni de reunión durante meses. Fue además el coordinador de una inexistente Comisión de Expertos oficial de la que nunca supimos nada. Por tanto, mintió y cometió un fraude grave. Al mentir sirvió sin duda de pararrayos de las iras populares provocadas por la extremada incompetencia y autoritarismo gubernamental, sustituyendo a los ministros rápidamente desaparecidos.

Así que el Gobierno ha decidido condenarnos a repetir si no la pandemia (si lo del hantavirus no pasa de amago y sobresalto sin mayores consecuencias), sí el espectáculo nauseabundo de su cóctel de desprecio, soberbia y mayúscula ineptitud sanitaria, el mismo que en 2020 llevó en días de negar el peligro de contagio masivo para no suspender la muy oficial manifestación seudofeminista del 8M, a decretar medidas de encierro mediante un estado de alarma inconstitucional, según debió admitir hasta el obsequioso Tribunal de Conde Pumpido.

En una democracia medio normal que el Tribunal Constitucional declare ilegal el confinamiento y parálisis de todo el país -con incidentes dignos de dictadura policial- habría conducido, sin duda, a una grave crisis de las que se saldan con ceses, dimisiones ejemplares y adelanto electoral. Aquí no pasó absolutamente nada. Recuerden este dato: el Gobierno nos encerró ilegalmente durante meses, suspendió nuestros derechos básicos, y no tuvo que asumir ninguna consecuencia por lo que constituyó un secuestro masivo. Quedó demostrado, en contra del criterio de los excesivamente confiados en la literalidad constitucional y poco atentos a la realidad del juego, que en España no es posible controlar al Ejecutivo si controla el Congreso.

La muerte como negocio corrupto

Es obvio que uno de los primeros candidatos al cese o dimisión era Fernando Simón, tanto por la manifiesta incompetencia de negar el peligro al principio, contradiciendo las alarmas de la propia OMS, como por representar la farsa de una inexistente Comisión de Expertos independientes que encubría la transmisión de órdenes ministeriales según lo más útil para Sánchez, Ábalos, Illa y compañía. Pues bien, que el Gobierno le haya mantenido en su puesto, tan inasequible a las presiones como la lucecita aquella de El Pardo, demuestra no solo su absoluto desprecio por las críticas de cualquier procedencia y por la condena del Tribunal Constitucional, sino unas cuantas cosas aún más demoledoras.

La primera de ellas es que, para ilustres miembros del Gobierno, comenzando por el entonces todopoderoso José Luis Ábalos, la pandemia representó una oportunidad de enriquecimiento ilícito mediante el tráfico de millones de mascarillas (sí, de esas que Simón nos dijo que podían ser contraproducentes… mientras sus jefes corrían a acapararlas). Mientras la gente enfermaba y moría y España se paralizaba, Ábalos y compañía amasaban una fortuna aprovechando que la gente enfermaba y moría: muerte y peligro de morir fueron para ellos un negocio, como para cualquier mafia mortífera. Queda por ver si otros ministros y altas autoridades del Estado, como apuntan datos que atañen a Salvador Illa, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y otros sujetos, participaron del mismo lucro necrófilo.

Ocultar información y enriquecerse

 Y esta parece la clave de que, a pesar de su demostrada incompetencia, Fernando Simón haya seguido en su elevado cargo sin más desgaste ni otro precio que el desprecio popular y las críticas de los auténticos epidemiólogos. Con el sanchismo, muchas instituciones han dejado de cumplir su función originaria para acometer la contraria. Por eso la prevención y vigilancia de epidemias sirvió para ocultar información a la opinión pública, facilitando el contagio en masa, y justificar al Gobierno mientras algunos de sus miembros explotaban la dorada ocasión de enriquecerse. Con esta forma de entender y ejercer el poder, ¿qué necesidad habría de cesar a Simón, crear una verdadera Comisión de Expertos o desarrollar protocolos de actuación eficientes para epidemias futuras, basadas en el aprendizaje de la última?

Y Fernando Simón no es un caso único. Estado y entorno del poder abundan en sujetos de perfiles no menos siniestros que invitan a pensar que son los más deseados para esta forma de corromper Estado, gobierno y todo. Ahí tenemos a José Félix Tezanos e Iván Redondo, uno falseando a conciencia las funciones del CIS para ponerlo al servicio vicario de Pedro Sánchez, y el otro vanagloriándose de que diseña modelos de Estado como otros diseñan lencería. O a Beatriz Corredor, que se dedica a encubrir desde la presidencia de Red Eléctrica los motivos del apagón nacional de 2025. Por no hablar de Félix Bolaños, consagrado a gripar los juzgados. Sólo hemos conseguido librarnos del fiscal Álvaro García Ortiz, y por los pelos (y hasta su posible indulto y repesca). Todos comparten un modo de hacer y entender lo que antes se llamaba servicio público y ahora son meros tentáculos ameboides del ejecutivo, aspirante a poder único del Estado.

Los hombres y mujeres del presidente

La selección, nombramiento y mantenimiento al frente de instituciones vitales de esta clase de sujetos nefastos no es consecuencia de la dejadez, el descuido o el infortunio: es una estrategia política. El tipo de Gobierno y gobernanza del sanchismo necesita esta clase servil, dispuesta a lo que sea: “Por el presidente me tiraría por la ventana”, llegó a decir Iván Redondo poco antes de su defenestración temporal. Hacerle a Sánchez bienintencionadas reflexiones sobre el buen funcionamiento del Estado, el interés general y la decencia política es ejercicio estéril condenado a la melancolía, una enorme pérdida de tiempo.