El avance del narco en Andalucía se ha convertido en un pulso al Estado y en una prueba de fuego para las fuerzas de seguridad, desbordadas en demasiadas ocasiones por la creciente violencia que despliegan las bandas dedicadas al tráfico de drogas. El fallecimiento el viernes pasado de dos guardias civiles, cuando trataban con sus embarcaciones de abordar una narcolancha en aguas de Huelva, es la triste constatación del peligroso desafío que supone la lucha contra la delincuencia organizada. Las mafias del narcotráfico, cada vez mejor armadas y con incursiones más intrépidas en las costas, amenazan con agitar la inestabilidad y con extender sus tentáculos en la sociedad andaluza, donde se aprovechan de las poblaciones en condiciones de vida más precarias y con altas tasas de paro que duplican la media española -superan en Cádiz el 20%-. Así, reclutan efectivos para sus clanes con el riesgo añadido de generar un sistema paralelo que actúa con cierta impunidad. Por la naturaleza y magnitud del órdago, el combate contra el narco es una tarea colectiva que exige redoblar esfuerzos a la Justicia, la Policía y a la política, que no debería utilizar la tragedia en la campaña electoral y equivocarse de enemigo.