Los datos siguen mostrando aspectos positivos por la capacidad del sistema vasco de garantía de ingresos (SVGII) de minimizar el impacto de la insuficiencia de ingresos. Así, las aportaciones ligadas a las prestaciones del SVGII contribuyen a reducir los indicadores de desigualdad. El índice de Gini se muestra a la baja en Euskadi, pasando de 28,2% en 2020 a 25,9% en 2024. En paralelo, la acción protectora permite reducir de 3,2% en 2020 a 1,5% en 2024 los niveles de sobreendeudamiento.

La acción del SVGII también permite limitar de forma sustancial las formas de precariedad ligadas a la renta. Los datos muestran que la presión al alza de la pobreza y la precariedad en Euskadi se vincula a factores que quedan al margen de la acción del SVGII. Las principales carencias se relacionan con las necesidades de acceso a la vivienda y a otros bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo.

En realidad, los datos de la EPDS 2024 revelan un cambio estructural en el escenario socioeconómico al que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, en un contexto de necesaria redefinición de las políticas sociales. Las políticas de garantía de ingresos nacieron en Euskadi con la vocación de resolver de forma integral los problemas de pobreza que afectaban a una sociedad en riesgo de quiebra como consecuencia de la crisis industrial de los años 80. Pretendían no solo garantizar ingresos adecuados para superar la insuficiencia de rentas, sino también cubrir los gastos de vivienda. Pero lo hacían en un contexto de fuerte crisis demográfica, limitada presión poblacional y práctica ausencia de crecimiento migratorio.

La favorable evolución de los indicadores socioeconómicos en la Euskadi de finales de los 90 y de inicio del nuevo siglo, junto a la crisis financiera de 2008, cambian por completo el escenario. Euskadi se convierte en zona de recepción de una población de origen extranjero que encuentra en el país un referente para acceder al empleo y también para protegerse en momentos de desempleo gracias a sus políticas sociales. Pero se trata también de un colectivo vulnerable, convirtiéndose poco a poco la nueva población en el grupo mayoritario en las situaciones de pobreza y precariedad. La crisis de 2008 y la dimensión inflacionista posterior a 2014, en especial en lo relativo al precio de acceso a la vivienda, frustran la completa superación de los problemas de pobreza encubierta que históricamente habían afectado a la población joven de origen nacional.

En este contexto, una de las dinámicas más preocupantes es el alejamiento creciente de una parte cada vez mayor de población precaria del acceso a los ahorros y bienes patrimoniales que venía caracterizando a la mayoría de la sociedad vasca. Podría pensarse en una crisis de las políticas de garantía de ingresos, pero son ante todo las políticas de vivienda y de rentas ligadas al empleo las que muestran menor capacidad de adaptación.

Euskadi se enfrenta en la actualidad a problemas que recuerdan a los existentes en los años 80, aunque con un perfil diferente, apenas con un punto en común: la intensidad de los problemas de pobreza y precariedad encubierta en la población joven de origen nacional. Y de cara a hacerles frente, la EPDS se presenta como una estadística necesaria. En ese sentido, hay que aplaudir el valor del equipo de Nerea Melgosa al apostar por un instrumento que pocas veces aporta alegrías a sus promotores, pero sí una visión real y completa de los problemas sociales existentes y de las cuestiones a resolver.