Los problemas son complejos. Empezando por una gobernanza muy pasiva y lenta de reflejos, incapaz de buscar a tiempo alternativas; siguiendo con una pesada estructura de costes, que erosiona todos los márgenes y obliga a practicar una política de precios que el mercado actual no consiente; y, para terminar, una agresividad sindical ‘modélica’, incluso para estos lares en los que estamos demasiado acostumbrados a actitudes similares. La rotunda negativa a aceptar cualquier medida que conlleve elementos de flexibilidad y el elevado coste de una plantilla exigente conforman una mezcla letal para sostener el presente y encarar el futuro.

El propio consejero de Industria del Gobierno vasco opina que será difícil encontrar un inversor dispuesto a liderar el proyecto. Antes de buscarlo habría que solucionar la pesada carga de una deuda asfixiante, aliviar el coste laboral –a poder ser con salidas pactadas e indoloras– y encontrar mercados alternativos en un momento en que todas las fronteras se cierran a la competencia. Los administradores concursales tienen por delante mucho trabajo. Una tarea para la que viene bien esta ciaboga sindical, que incluye cosas tan obvias como que todos los trabajadores, con independencia de su adscripción sindical, tengan derecho a expresar su voluntad y votar en libertad. Algo que se ha negado en este turbulento proceso. Contarán seguro con la colaboración y el apoyo de las administraciones central y autonómica, que buscarán la manera de sortear las reglas de la competencia y consentirán quitas relevantes y esperas largas porque no querrán que este problema empresarial se convierta en uno, y más grave, social.

El riesgo de que se extienda como una mancha de aceite y afecte a toda la comarca sigue ahí. Y ahí seguirá hasta que se encuentre una solución que sea aceptable para tan elevado numero de afectados.