Carlos de Urquijo-El Debate
  • En vez de proteger un proyecto casi terminado, aprobó en 1984 una moratoria nuclear que paralizaba los proyectos en marcha. Una paralización que terminó por ser definitiva y que, además de suponer un triunfo para ETA, desde el punto de vista económico nos salió muy cara a todos los españoles

Iberduero –hoy Iberdrola– comenzó a construir la central de Lemóniz en 1972. Fue un proyecto ambicioso en un momento en el que los países desarrollados apostaban por la energía nuclear para compensar la limitación y los precios de las energías fósiles. En aquellos años, como ahora, estaba de moda la bandera del ecologismo y la sostenibilidad, era progre oponerse a este tipo de energía y ETA era consciente de que asumiendo esta bandera podría suavizar en parte la crudeza de su actividad criminal.

La campaña contra Lemóniz comenzó en 1978, el 17 de marzo de este año ETA colocó una bomba en uno de los generadores del primer reactor de la central y asesinó a dos trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro. En 1979, el 13 de junio, hizo estallar otra bomba sobre un tanque de aceite destinado a refrigeración y asesinó a Ángel Baños. El 6 de febrero de 1981 asesinó –lo había secuestrado una semana antes para exigir a Iberduero la paralización y demolición de las obras– a José María Ryan, ingeniero jefe en la construcción de Lemóniz y, por último, el 5 de mayo de 1982 asesinó a Ángel Pascual, director de proyectos de la central.

Esta era la situación que se encontró Felipe González nada más aterrizar en la Moncloa y, como no quería complicaciones, optó por la solución más cómoda: En vez de proteger un proyecto casi terminado, aprobó en 1984 una moratoria nuclear que paralizaba los proyectos en marcha. Una paralización que terminó por ser definitiva y que, además de suponer un triunfo para ETA, desde el punto de vista económico nos salió muy cara a todos los españoles, nada menos que la friolera de 5.717 millones de euros, cantidad que hemos estado pagando en el recibo de la luz hasta hace once años. La indemnización por la cancelación de Lemóniz fueron 2.273 millones de euros, el resto fueron para resarcir a los promotores de Valdecaballeros y Trillo.

Tras este triste y vergonzoso final, Lemóniz quedó convertida en una ruina industrial hasta que hace unos años el Gobierno Vasco, dueño de las instalaciones desde 2019 por cesión del Gobierno de España, decidió invertir 29 millones de euros en un nuevo proyecto. Esta iniciativa, presentada públicamente hace apenas dos semanas por un ufano Imanol Pradales, consiste en la creación de una gran piscifactoría –centro de acuicultura e investigación lo denominan que queda más fino– en la que aspiran a producir 3.000 toneladas de lenguado al año a partir de 2030. Vamos, que si antes ya se comía muy bien aquí, dentro de poco lo haremos mucho mejor, aunque sea a base de atiborrarnos a pescado blanco.

Esta ha sido la penúltima victoria de ETA, antes lo fue Leizarán, pero seguro que todavía sufriremos otras, una victoria que consiste en que los vascos vayamos a tener, ahora casi literalmente, memoria de pez. Una memoria frágil que siempre nos ha venido muy bien para poder sobrellevar nuestras vergüenzas frente al terror, las de los cómplices, las de los beneficiados y las de los cobardes. Además en este caso, todo hay que decirlo, nuestra amnesia tiene una bonita recompensa ¿Acaso no es más sano y progresista sustituir el megavatio nuclear por el omega 3 del lenguado? Pues nada, listo, ¡pescado para todos! Donde haya un buen aroma de carbón en la parrilla que se quiten los demás y de paso pues tapamos los desagradables olores a pólvora o goma dos ¡Vas a comparar!

Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco