Aunque un año electoral parezca una eternidad, las diferentes siglas preparan sin dilación el pulso. En muchos casos, lo afrontan con caras nuevas a la cabeza de las candidaturas. El PNV busca un revulsivo en la renovación abierta en Getxo y Santurtzi, forzada por los escándalos del ‘caso palacete’ y la presunta filtración de un examen a la Policía Municipal. Para todos los partidos, la cita con las urnas pone a prueba la profundidad de sus banquillos y canteras.

La aspiración compartida sigue siendo ocupar el carril central de la política para lograr mayorías cualificadas. Las elecciones medirán la rivalidad en el mundo abertzale y el desgaste de los socios de gobierno en su intento por marcar perfil propio, como ocurre con sus discrepancias sobre el euskera. La vivienda, la seguridad y la sanidad son otros ejes del debate, especialmente el primero al haberse convertido en motivo de disputa entre las formaciones en el poder.

La vivienda implica ladrillo y cemento, aunque incomode en la oposición. Y eso debe plasmarse en una política mucho más ambiciosa que plantear la edificación sobre azoteas para sacar el máximo rendimiento a los bloques ya levantados. La construcción de nuevas promociones interpela también a los ayuntamientos en manos de Bildu a ceder suelo para la edificación de VPO, teniendo en cuenta las necesidades de la listas de Etxebide -casi 110.000 solicitudes en espera-. La lucha contra la delincuencia será otro caballo de batalla para unos partidos que no deben olvidar nuevos desafíos sobre los que la gestión más cercana tiene mucho que decir. Entre ellos, la integración de una creciente inmigración con la que capear la crisis demográfica; y la transición energética, una estrategia sobre la que todos parecen de acuerdo en favor de la sostenibilidad, pero que embarranca cuando se trata de autorizar parques eólicos.