José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado este martes ante la Audiencia Nacional.
El magistrado José Luis Calama ha apreciado múltiples y abrumadores indicios que apuntan a que el expresidente del Gobierno prestó una ayuda decisiva a la aerolínea Plus Ultra para la obtención de un rescate financiero irregular.
Dado que, además, habría percibido contraprestaciones económicas por dicha mediación, a través de un circuito societario interpuesto, el juez le atribuye los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Es obligado señalar que, en el actual estado de la instrucción, no todos los elementos indiciarios presentan el mismo grado de concreción.
Los pasajes del auto referidos a la intermediación en operaciones de petróleo y oro venezolano, antes que incriminar directamente a Zapatero, abren nuevas líneas de investigación judicial, que habrán de dotarse de un posterior respaldo probatorio.
Y cabe destacar que el auto de la Audiencia Nacional no acredita ninguna gestión directa de Zapatero ante los funcionarios de la SEPI, o ante los miembros del Consejo de Ministros que aprobaron la ayuda.
Ni tampoco consta en la causa ningún flujo financiero directo que conecte las cuentas bancarias de la aerolínea Plus Ultra con el patrimonio personal del expresidente.
La imputación se sostiene sobre la base de una presunta triangulación de fondos diseñada, precisamente, para evitar la trazabilidad de las supuestas comisiones.
Pero lo que sí fija la instrucción como hechos sólidamente acreditados son las gestiones ejecutadas por Julio Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante.
El auto detalla que el entorno directivo de Plus Ultra operaba bajo la firme convicción de que los pagos transferidos a Análisis Relevante estaban destinados a retribuir la influencia de Zapatero. Y las comunicaciones intervenidas por la UDEF reflejan que la aerolínea supeditaba el desbloqueo del rescate a la intervención de lo que denominaban el «Grupo Zapatero».
Ante este escenario, la única hipótesis alternativa a la tesis criminal del magistrado pasa por asumir que Julio Martínez ejecutó una estafa de influencia de forma unilateral.
Es decir, que habría utilizado el nombre y la autoridad del expresidente sin el conocimiento ni el consentimiento de este, cobrando por una mediación política que en realidad nunca se produjo.
Esta línea argumental coincide con la estrategia que el propio Zapatero ensayó para intentar desmarcarse de cualquier actividad irregular de Martínez.
En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, justificó los elevados cobros percibidos de Análisis Relevante como honorarios legítimos por servicios de asesoría y consultoría geopolítica.
Pero, para sostener la veracidad de esta tesis exculpatoria frente a las inferencias del instructor, habría que aceptar un cúmulo de casualidades verdaderamente inauditas.
Habría tenido que ser casual la exacta coincidencia cuantitativa y cronológica del dinero aportado por Plus Ultra, en concepto de honorarios a Análisis Relevante, con los fondos que salieron inmediatamente después desde la consultora hacia el patrimonio personal de Zapatero, y hacia la sociedad administrada por sus hijas.
También habría debido ser fortuita la aparición recurrente de la inicial «Z» en las agendas electrónicas volcadas de Julio Martínez. Porque estas reflejan constantes reuniones de coordinación entre el expresidente y su socio, simultáneas a la tramitación del expediente en la SEPI.
E igualmente sorprendente habría sido la circunstancia de que todos los actores económicos que percibieron fondos de la órbita de Plus Ultra o de sus socios comerciales terminaran abonando transferencias al expresidente o a su entorno familiar directo.
Asimismo, la hipótesis de la casualidad obligaría a concluir que el éxito del rescate irregular se produjo por un factor puramente fortuito.
Pero el expediente de la aerolínea presentaba graves deficiencias financieras que, según los técnicos sectoriales, habrían abocado al rechazo de la ayuda pública de no haber mediado un impulso político ajeno a los cauces administrativos normales.
Y no menos insólito resulta que las conclusiones del magistrado sobre la intermediación de Zapatero en el mercado del crudo venezolano coincidan con el testimonio de Víctor de Aldama.
El empresario aseguró haber recibido de Delcy Rodríguez un sobre que contenía los «cupos» de petróleo con los que la estatal PDVSA habría financiado la Internacional Socialista y al PSOE.
De modo que el relato de una persecución judicial espuria contra Zapatero, que el Gobierno y el PSOE ha alegado para descalificar un auto exquisitamente concienzudo, requeriría que todos los elementos materiales recogidos en la causa fueran falsos.
Tendría que ser falso el testimonio documental del consejero delegado de Plus Ultra para solicitar la mediación del Santander. Intentó conseguir un crédito ICO (que finalmente fue denegado por incumplir los requisitos técnicos) «siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero».
Tendría que ser una invención la iniciativa del expresidente en el diseño de una sociedad, Análisis Relevante, de la que también cobró después de que esta fuera remunerada por Plus Ultra.
Tuvo que darse la circunstancia de que Martínez mintiera cada vez que invocaba el nombre de su socio ante terceros. Y no debieron celebrarse entonces todas las reuniones presenciales descritas minuciosamente en el auto.
Validar la inocencia de Zapatero bajo estas premisas requiere aceptar, por tanto, una conjunción de factores en la que todos los actores de la trama se conjuraron para simular la implicación del expresidente en la gestión del rescate.
Y ante la manifiesta inverosimilitud de esta hipótesis alternativa, y respetando naturalmente la presunción de inocencia del expresidente, lo más razonable es concluir que Zapatero tiene un serio problema penal por delante.