Durante muchos años, hemos conocido al José Luis Rodríguez Zapatero expresidente de España que dio en autodenominarse «mediador» para explicar su presencia constante en Caracas sin tener que dar demasiadas explicaciones. Era una calificación cómoda, casi noble. Mediaba entre el chavismo y la oposición, entre Venezuela y Europa.

Mediaba, en definitiva, entre un régimen que saqueaba a su pueblo y un mundo occidental que prefería no verlo.

Al citar a Zapatero como investigado por liderar una red de blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal, la Audiencia Nacional está planteando que esa mediación podía tener un precio. Y que ese precio se habría cobrado en el mismo dinero con el que el chavismo financiaba su propia supervivencia: el dinero de PDVSA, el dinero de los programas de alimentos, y los 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea venezolana Plus Ultra en marzo de 2021.

Lo que Zapatero ha articulado durante dos décadas como diplomacia progresista, primero desde dentro y luego desde fuera de La Moncloa, tuvo, desde el origen, hechuras de intercambio lucrativo.

Porque Zapatero no llegó a Venezuela de la mano de Maduro, que fue apenas heredero incidental, sino de la de Hugo Chávez, con quien desde el primer momento mantuvo una estrecha vinculación económica como presidente en ejercicio del Gobierno de España.

De entonces son los contratos, con intermediarios y comisiones, para las ocho patrulleras que iba a construir Navantia por 157 millones negociados en secreto en Caracas en 2005; el macroproyecto de central termoeléctrica adjudicado a Duro-Felguera en 2009 por 1.500 millones; el contrato de rehabilitación del metro de Caracas por 1.850 millones con Constructora Hispánica en el consorcio…

Por no hablar del petróleo venezolano a precios por debajo del mercado, y el papel del embajador Raúl Morodo, articulador junto a los cancilleres Moratinos y Maduro de aquellos acuerdos, que fue detenido años después por cobrar cuatro millones de PDVSA camuflados como asesorías ficticias.

Para entender por qué ese círculo se cierra ahora, hay que introducir un segundo nombre: Alex Saab. Empresario (ahora sabemos que colombiano) y operador financiero esencial del régimen de Maduro, ha sido señalado por numerosas investigaciones internacionales como pieza clave en las redes de corrupción, evasión de sanciones y lavado de activos vinculadas al chavismo.

Detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, el régimen lo reclamó con una vehemencia reveladora, y regresó a Venezuela como un héroe de la patria. Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional.

La semana pasada, sin embargo, el tablero volvió a girar, y Saab fue deportado nuevamente a Estados Unidos, escoltado por agentes de la DEA, en una entrega facilitada por la propia dictadora interina, Delcy Rodríguez. La misma que durante años protegió a Saab con uñas y dientes.

Sin embargo, cuando las circunstancias lo han requerido, no ha dudado en entregarlo.

Las lealtades del chavismo duran exactamente lo que dura la utilidad del instrumento, lo cual obliga a formular una pregunta incómoda: si Delcy ha sido capaz de entregar a Saab, el hombre que conocía todos sus secretos financieros, ¿qué le impedirá, llegado el momento, hacer lo mismo con Zapatero, quien fue durante años su interlocutor privilegiado en Europa, «su príncipe»?

Saab importa por lo que lleva consigo: el conocimiento detallado de la arquitectura financiera internacional del chavismo. Saab conoce los nombres, las cuentas, las rutas del dinero, las sociedades pantalla, los testaferros, los operadores políticos en distintos países y los acuerdos.

Y la justicia americana, a diferencia de tantas cancillerías europeas que miraron hacia otro lado, no tiene ningún incentivo para mantenerlos en silencio. En ese contexto es donde el caso Plus Ultra adquiere una dimensión que trasciende el escándalo doméstico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del FinCEN, identifica en un documento oficial una transferencia de Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción venezolana y a Saab. Al constatar que la cuenta receptora de los fondos de la aerolínea era la misma que pagaba a los facilitadores de Saab, la inteligencia estadounidense desmantela cualquier defensa basada en el desconocimiento.

Plus Ultra queda catalogada como una herramienta de la ingeniería financiera diseñada para sostener a la dictadura venezolana y a sus aliados extranjeros.

El próximo 24 de junio, cuando le sean leídos formalmente los cargos, Saab podría añadir capítulos que hoy desconocemos.

Zapatero y Saab nunca necesitaron sentarse a la misma mesa. La arquitectura del entramado estaba concebida precisamente para que eso no fuera necesario. Entre ambos mediaban aerolíneas, consultoras, testaferros, cuentas suizas y contratos de iguala.

Esa distancia calculada no es una prueba de inocencia, sino más bien evidencia elocuente de la sofisticación y la extensión del sistema.

Pedro Sánchez ha pedido a su PSOE que defienda «el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista». Como si eso fuera real. Como si no fuera él quien firmó esos 53 millones inexplicables.

Estamos ante la evidencia de cómo un régimen autoritario extranjero logró proyectar influencia política, económica y reputacional dentro de una democracia europea, utilizando intermediarios, redes empresariales, dinero opaco y legitimadores políticos de primera fila. Podrido de dinero y disfrazado de mediación de altas miras, el sistema funcionó durante demasiados años.

Pero España asiste también al caso de corrupción más grave en términos políticos de toda nuestra democracia.

Sólo la imputación de un presidente en activo podría superarlo.