Zapatero insistió ayer en negar uno a uno los cargos «con toda firmeza y convicción», en un vídeo en el que reiteró la absoluta legalidad y transparencia de sus ingresos privados, como hizo ante la comisión del Senado. Sin embargo, las pormenorizadas pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permiten al juez instructor describir al detalle un entramado de empresas pantalla, algunas con ramificaciones familiares, y supuestas redes de influencia que ha causado un indisimulado escalofrío en las filas socialistas y, a la vez, un aluvión de descalificaciones en el PP. Los populares ven en la imputación «la caída de los primeros capos» de las supuestas tramas de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente.

El escándalo ha desatado un terremoto de consecuencias aún por determinar, y que hubiera sido devastador para los intereses del PSOE de haberse desvelado antes de las elecciones andaluzas, por mucho que el partido lo trate de enmarcar en una operación de descrédito, en la que incluye de forma irresponsable a los jueces. Ante reacciones tan agitadas, es el momento de que la Justicia trabaje sin presiones y de forma certera y ágil sobre un caso que amenaza con encanallar aún más la pugna política. Lo cierto es que otros presidentes se vieron obligados a declarar ante un tribunal por casos que escandalizaron a la opinión pública, pero lo hicieron como testigos y salieron del proceso sin cargos: Felipe González por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL; y Mariano Rajoy por la trama Gürtel y los pagos en ‘B’ en el PP.

Zapatero tiene la oportunidad de explicarse a partir del 2 de junio en sede judicial, aunque su señalamiento bajo la sospecha de haber cometido presuntamente delitos de esa dimensión agrava el deterioro del PSOE. La marca sale muy tocada de la sucesión de escándalos -Begoña Gómez, David Sánchez (mujer y hermano del presidente), Koldo García, Ábalos, Santos Cerdán y ahora ‘ZP’- y lastrada en el propósito de armar un revulsivo electoral, tras encadenar fuertes retrocesos en los últimos comicios autonómicos. Por su importante influencia en Pedro Sánchez, a quien ha arropado en campañas y momentos más delicados, y su tirón ante el electorado, la imputación del expresidente del Gobierno y ex secretario general de los socialistas desarma buena parte de la estrategia con la que buscan la remontada frente a un giro a la derecha que se consolida en cada elección en España. Es un duro golpe en la línea de flotación del PSOE y en la lucha por la regeneración democrática que Sánchez quiere abanderar, entre sonadas incoherencias y sobresaltos judiciales.