Que no haya de momento pruebas concluyentes sobre el papel de Zapatero en el entramado no exime a Sánchez ni al propio investigado de ofrecer mayores explicaciones, hasta ayer claramente insuficientes. Según el juez, quien fue jefe del Gobierno de 2004 a 2011 pudo cobrar comisiones ilegales en el salvamento financiero de la aerolínea, aprobado por un Consejo de Ministros durante la pandemia con el pago de 53 millones a través de la Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda. Esa operación, colocada en el centro del escándalo y fuera de todo control, no es la única que cuestiona un magistrado que describe una turbia red de influencias con tentáculos en Venezuela, China y Emiratos.

Mostrarle «todo el apoyo» a Zapatero como hizo ayer el presidente parece un intento de estirar la presunción de inocencia, al menos hasta que declare el 2 de junio en la Audiencia Nacional. El sanchismo afronta sus horas más bajas. Zapatero era quizás su último gran referente, un revulsivo para un electorado alicaído sobre todo tras los batacazos autonómicos. Mantener una defensa ciega del primer expresidente imputado de la democracia, toda una enmienda a la totalidad para la pretensión de limpieza de Sánchez, chirría hasta para sus socios más agradecidos como Gabriel Rufián, «con ojos» para darse cuenta también de la cruda realidad. Son dudas que elevan la presión en el bloque de investidura ante la posibilidad de forzar el fin de un mandato que Sánchez se empeña en agotar. Alargar una legislatura sumida en el descrédito y con señales de fin de ciclo amenaza con alimentar el desencanto. Y un populismo contra el que Sánchez construyó un relato que se cae a pedazos.