Una de las prácticas más habituales es la del lawfare, latiguillo de la charlatanería más en boga en el debate público. Una sedicente crítica a la judicialización de la política o al uso político de la justicia que, en el fondo, encierra una moraleja despótica: cuando uno pretende que la política (o la empresa, las finanzas o cualquier otro ámbito de la sociedad) permanezca inmune a la fiscalización de la justicia, lo que en el fondo está reivindicando es una suerte de justicia estamental para privilegiados.

Un estatus de intocables con el que es ungido un grupo de elegidos, para los que no sería aceptable la aplicación desnuda y rutinaria de la ley común.

Es de agradecer que, en esta ocasión, hayan sido pocas las voces que han apuntado en esa dirección. Acaso sea este un indicio de que las cosas van en serio. Nos enteraremos, aunque seguramente no cuando correspondería si en España la tutela judicial efectiva fuera algo que nos preocupara a todos y que nos tomáramos realmente en serio.

A la vista del colapso absoluto de la Audiencia Nacional, no parece que vaya a ser tampoco este el caso. De la Ley Bolaños y los últimos disparates para erigir infames barreras de entrada a la justicia, acometiendo una semiprivatización de la misma, me permitirán que les hable en otra ocasión.

Siempre me ha llamado la atención que sea la izquierda, al menos buena parte de ella, la que ha asumido con fruición la letanía del lawfare. Imagino que algunos bobos solemnes consideran que la mera invocación de la palabra, a modo de sortilegio, le hace a uno muy progresista y muy de izquierdas.

Tal vez no le hayan dedicado más de cinco minutos a pensar el asunto con seriedad.

Si algo nos debería preocupar a las gentes de izquierdas, más allá de la voladura de un endeble castillo de naipes formado por referentes inverosímiles, es la quiebra de todo equilibrio entre las fuerzas económicas del hipercapitalismo y los poderes políticos democráticos, recluidos en la esfera de los Estados nación.

En este contexto, lleva décadas produciéndose una inquietante emancipación de la economía respecto de los carriles democráticos de la política. Ciertas corporaciones trasnacionales tienen más presupuesto que el PIB de algunos Estados.

«El Estado de derecho no debería ser el flanco sobre el que proyectar fobias irracionales o invectivas dogmáticas y contraproducentes»

A un solo click de distancia, resulta posible eludir el control fiscal de los Estados democráticos y constituir cualquier empresa pantalla para radicar negocios opacos, o directamente ilícitos, en un paraíso fiscal (que se lo digan, entre otros, a alguno de nuestros socialistas de boquilla).

Ante semejante panorama, el Estado de derecho no debería ser el flanco sobre el que proyectar fobias irracionales o invectivas dogmáticas y contraproducentes.

Muy al contrario, tendría que ser reivindicado como verdadero instrumento de emancipación, no exclusivamente frente a la arbitrariedad del poder económico, pero muy especialmente como una garantía frente a sus desmanes.

En definitiva, si nos preocupa, con buen criterio, la concentración de poder en muy pocas manos, la receta no puede ser impugnar la fiscalización del Poder Judicial sobre los abusos que lleven una rúbrica nominalmente progresista, sino exigir una vigilancia garantista e igualitaria que elimine cualquier punto de fuga.

Esto es, que impida la existencia de estamento intocable alguno.

Si me permiten el paréntesis, algunos de los rudimentos que inspiran esta y otras tribunas que modestamente pergeña quien suscribe, tienen que ver, o eso se intenta, con el republicanismo.

Como bien explicó Félix Ovejero en Sobrevivir al naufragio, Zapatero abanderó la idea no por convicción, sino por encontrar disponible el concepto en el mercado de las ideas. Se trataba de encontrar una etiqueta que aún no estuviera excesivamente manoseada para el marketing político y así empezar a hacerlo él sin disimulo, aunque nada de ello guardase la menor relación con la convicción, ni con la acción política posterior, repleta de piruetas incompatibles con los principios más elementales del corpus ideológico invocado.

Nunca entendí la fascinación de nuestra izquierda con el personaje. Desde aquel «bajar impuestos es de izquierdas», ante cuyo recuerdo los voceros de la derecha neoliberal no suelen mostrarse cómodos porque bien saben que pocos presidentes ha habido en la democracia española más dañinos para la progresividad fiscal que el citado.

Eran los tiempos de «los minesotos», un grupo de neoliberales a calzón quitado que rodeaban al expresidente y que fantaseaban con culminar la obra de los Boyer y Solchaga, engrasada y ampliada por los gobiernos de Aznar, incorporando alguna idea letal para la redistribución como el tipo único de IRPF.

Semejante idea, al más puro estilo Reagan, por suerte desechada a la hora de la verdad, ocupó más de dos tardes en aquellas reuniones de Ferraz. La «nueva vía» de los renovadores de Zapatero consistía en abrazar, al modo blairista, pero incluso con menos disimulo, los principios elementales del fundamentalismo de mercado.

Siempre aderezado de un timbre campanudo en sus retahílas, como si las vaciedades más siderales mutasen en profundidades insondables si se invocaban con flemática gravedad, el devoto del republicanismo y de Petit (cosas veredes, amigo Sancho) inició una delirante senda de reformas estatutarias de la mano de los nacionalismos identitarios, al tiempo que firmaba el Pacto del Tinell para excluir a la derecha española de cualquier pacto de gobernabilidad.

Aquella enmienda a la totalidad a la política de reconciliación nacional del PCE y al mejor espíritu de nuestra Constitución iba acompañada de un maridaje espurio con el brazo político del terrorismo (mientras aquellos pactaban con Carod Rovira una tregua moralmente repugnante en Cataluña para seguir matando en el resto de España) y con los herederos del carlismo, una derecha tan reaccionaria como la que más.

Defensores de los privilegios de origen, de los hechos diferenciales, del separatismo etnolingüístico y de las desigualdades más flagrantes, entre ellas la redistribución inversa que tan progresista le pareció siempre al rocambolesco referente: que las regiones pobres financiaran a las ricas.

Erigido en los últimos tiempos por la izquierda a la izquierda del PSOE, otra fórmula pomposa y ridícula, en una especie de prelado del antiimperialismo, por sus oscuros tejemanejes con regímenes tiránicos e impresentables, parecía haber ascendido a los altares revolucionarios, haciéndose perdonar los tijeretazos que tan ufanamente practicó desde la Moncloa, como la reforma laboral de 2010 que abarataba y facilitaba el despido.

O aquella reforma, con nocturnidad y alevosía, del artículo 135 de la Constitución, tan poco respetuosa con el Estado social y tan dócil con esos poderosos a los que siempre sirvió diligentemente.

Algunos eternos despistados han recordado toda esta batería de desmanes para justificar el precipitado borrado del personaje del altar donde lo tenían. Lo dramático es que estuviera allí ubicado.

Semejantes referentes son la muestra palmaria del carajal de una izquierda adolescente, desnortada y delirante.

Al parecer, sus méritos incontestables consistían en ser sostén de un Gobierno que desprecia al Parlamento, gobierna sin presupuestos y es capaz de esconderse en una mayoría tan irreal como imposible, negando cualquier atisbo de deliberación seria (y, por tanto, abiertamente reñido con las bases elementales de ese republicanismo que, de boquilla, decía propugnar) y convertirse en una suerte de adelantado sin escrúpulos al servicio de intereses privados, por lo que parece tan inconfesables como espurios.

Con semejantes referentes, quién necesita adversarios.

*** Guillermo del Valle es abogado y secretario general de Izquierda Española.