La actualidad no da tregua. Pestañea uno y ya se ha perdido un registro, una imputación, una querella. Tanto es así que a mí me ha dado el ‘fomo’, que no sabía que existía hasta que me ha dado, y que es como llaman los modernos al miedo a perderse algo. Me ha dado el ‘fomo’, digo, y he tenido que poner RTVE para saberlo todo, para que no se me escapara nada. Para eso es un servicio público independiente y riguroso. Y menos mal, porque yo pensaba que la UCO estaba registrando la sede del PSOE en Ferraz y que va. Estaba allí por un simple requerimiento en el que solicitaban, por favorcito y si no es mucha molestia, unos documentos de nada que bien podían haberse pedido por fax (¿todavía utiliza alguien el fax?). Pero algún juez malicioso ha preferido el impacto mediático de desplazar todo un dispositivo, con fanfarria y pajarillo, por fastidiar. El habitual orfeón mediático ha salido, a toque de corneta, a entonar el «no es registro, es requerimiento» para normalizar lo inusitado: que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se habían personado en la sede del partido en el Gobierno para incautarse de material documental probatorio. Como si la etiqueta del continente modificase el contenido. Para cuando se había filtrado ya el auto donde se podía leer claramente que «la entrada y registro se practicará en la Gerencia de la sede del Partido Socialista Obrero Español» y, por lo tanto, ya no había duda de que la UCO había entrado y había registrado, el orfeón, cual bandada de estorninos, ya había cambiado rumbo hacia «no es por financiación ilegal, es por información sobre el caso Leire Díez». Lo pinturero es que, a poco que se parase a pensar el ideólogo de la consigna para la defensa en bloque, se daría cuenta de que casi era deseable que todo fuese por sospechas de financiación ilegal. Parece el mejor de los escenarios comparado con estar siendo investigado por una supuesta trama que operaba con el fin de «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno» y se imputen a varios cargos, excargos y colaboradores (entre ellos el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la actual gerente Ana Fuentes) delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado. Que los que chillaban ‘lawfare’, parece, cocinaban ‘lawfare’ desde aquella carta a la ciudadanía de un hombre enamorado. Enamorado de una mujer que debe acudir el 9 de junio a audiencia preliminar. Y con el juicio de un hermano a las puertas. Como para que no se nos cronifique el ‘fomo’.