La crudeza del retroceso es evidente -de las 54 jornadas de espera de noviembre por término medio a las 77 actuales-, a pesar del alivio que el Departamento de Salud ha buscado en la concertación con la red privada. Es un ejercicio de responsabilidad explorar soluciones a través de la derivación a clínicas de pacientes necesitados de intervenciones quirúrgicas (1.721 personas han dado su autorización en esta campaña). Pero un plan de contingencia de este calado debe ser coyuntural y no perpetuarse si se quiere evitar un desembolso desmedido de fondos públicos y una falta de confianza en un sistema público muy arraigado en el País Vasco, además de capacitado por el nivel profesional de sus facultativos y sus avances médicos. Externalizar actuaciones ayuda a contener temporalmente un colapso en contextos de crisis, pero no es la cura definitiva.

El mantenimiento de la huelga en el calendario ha examinado las capacidades de Osakidetza porque sus consecuencias no afectan por igual a todos sus hospitales: Galdakao está a la cabeza del retraso (97 días) y hay especialidades mucho más castigadas que otras. El Departamento que lidera Alberto Martínez ha demostrado que puede ser flexible en la mayor ‘empresa’ del País Vasco para repartir las cargas de trabajo. Así lo ha puesto en práctica con las resonancias, en las que se han reducido sus listas de espera por medio de una gestión más eficiente y nuevas inversiones.

Pero los achaques en la sanidad pública vasca pueden agudizarse si se cronifican huelgas que acaban pagando sobre todo los pacientes. Los sanitarios, también, al empeorar las condiciones de motivación y trabajo en contextos de agitación. Por eso es urgente que el Ministerio que dirige Mónica García, presionado desde Euskadi, y los sindicatos médicos redoblen los esfuerzos negociadores para acordar un Estatuto Marco que garantice la calidad del servicio.