Pero este balón de oxígeno se ha conseguido a costa de cargar la deuda en la pesada mochila de las generaciones futuras. La factura sigue viva y pendiente de mayores transferencias públicas para poder garantizar el abono de las prestaciones. Ese es un mensaje trascendental para el pensionista actual, el trabajador que sostiene el sistema y los jóvenes que aspiran a incorporarse a él. También para el Gobierno de Sánchez, que se libra de plantearse reformas en un momento de máxima debilidad parlamentaria y descrédito por la cascada de escándalos. Pese a la parálisis legislativa, el debate sobre el envejecimiento de la población, las menguantes tasas de natalidad y el impacto real de la inmigración en la Seguridad Social son asuntos cruciales que no convendría retrasar para cuadrar las cuentas. Y más teniendo en cuenta que el gasto en pensiones supera los 200.000 millones al año y que, de seguir este crecimiento, disparará la deuda pública el 123% del PIB en 2050.

En este contexto, cobra una especial relevancia la advertencia de la nueva presidenta del organismo fiscalizador, Inés Olóndriz. Si no se actúa sobre el gasto, el dinero extra para pagar las prestaciones tendría que salir de otras transferencias del Estado, lo que podría restar fondos para otras políticas públicas esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. Eso abriría un escenario de tensiones que amenaza con debilitar otros pilares del Estado del bienestar. El sistema necesita con urgencia ganar sostenibilidad mediante un empleo estable y de calidad, y una productividad dinámica. De lo contrario, el aprobado raspado de hoy podría suponer la quiebra de la caja mañana.