Pusimos el grito en el cielo cuando el Gobierno nombró fiscal general del Estado a la que solo un mes antes ocupaba la cartera de Justicia. Nos echamos las manos a la cabeza al saber que el sustituto de aquella, y una directora general de Presidencia del Gobierno, sin suficiente trayectoria jurídica, pasaban a ocupar dos asientos como magistrados del Tribunal Constitucional. Nos pareció en su momento escandaloso que España designara como representante en la Fiscalía Europea no al candidato más cualificado, sino a quien estaba más en sintonía con el partido del gobierno.

Pensábamos que los nombramientos de Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, Laura Díez e Ignacio de Lucas, entre otros, obedecían a una concepción anormalmente partidista de lo que significa el ejercicio del poder. Y no nos equivocábamos. Pero tampoco acertábamos del todo. Porque a la vista de lo que está ocurriendo, de la sucesión de alarmantes casos que colocan a España en la cúspide de la corrupción en la Europa democrática, y sobre todo ante los evidentes indicios de que alguien desde el poder o sus entornos organizó una estructura con fines inmunitarios, lo que deberíamos reprocharnos es que nos quedáramos tan cortos.

Lo que hoy es inevitable pensar es que esos nombramientos, democráticamente anómalos, no solo buscaban reforzar el poder del PSOE y el Ejecutivo en el territorio de la Justicia; eran también un paso previo. Por lo que pudiera pasar. O, mejor dicho: para evitar que pudiera pasar lo que está pasando. Porque más allá de verificar reprochables conductas individuales y señalarnos mecánicas de financiación presuntamente delictivas, lo que nos están permitiendo en gran parte intuir, incluso iluminar, los juicios vistos para sentencia y las instrucciones en curso es el fundamento de posiciones políticas oscuras y decisiones inexplicables.

Por el arco del triunfo

Cada nueva revelación nos ayuda a entender mejor, por ejemplo, el porqué de ese trato escrupuloso a la dictadura venezolana (antes o después también saldrá a relucir el que recibe Marruecos y las razones del vergonzoso cambio de criterio sobre el Sáhara); o porqué había que nombrar un fiscal general de confianza y garantizarse una mayoría tan descaradamente parcial en el Constitucional; porqué había que colocar a una incondicional tan dogmática al frente de la Guardia Civil; porqué había que echar a Pallete de Telefónica e intentar el control total de Prisa; porqué aquel fantasmático hallazgo de la fachosfera; o porqué el torpe de Álvaro García Ortiz no tenía otra salida que obstaculizar la acción de la Justicia, él, el fiscal general del Estado, borrando los mensajes acumulados en su WhatsApp.

Si Google o Meta hubieran recuperado de sus servidores la información del móvil de García Ortiz, hoy, muy probablemente, el caso Leire Díez no sería el caso Leire Díez. Si el muro levantado para protegerse de la Justicia y la prensa, el segundo muro, no hubiera tenido una utilidad cuando menos parcial, es muy posible que a estas alturas la continuidad en el poder fuera la menor de las preocupaciones de Pedro Sánchez. Pero el muro de momento aguanta, y el último que se va a topar con él es el Tribunal Supremo, cuyo informe desfavorable a la petición de indulto de García Ortiz, “al no advertir razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición”, se lo va a pasar el Gobierno por el arco del triunfo -salvo acuerdo tácito y táctico con el interesado.

El Gobierno no puede permitirse asumir las conclusiones del Supremo sin el visto bueno de García Ortiz, de modo que nada tendrá de sorprendente este más que seguro nuevo desaire a la autoridad del alto tribunal. Porque ya casi nada nos sorprende, y porque si algo hay que reconocerle a Sánchez es su gran capacidad para normalizar la anomalía, en parte gracias a la extraordinaria elasticidad de nuestro esófago social. La suma de los que sienten tanta vergüenza que han desconectado y aquellos otros a los que ya todo les da igual, proporciona al inquilino de La Moncloa un margen de confortable comodidad.

¿Quién será el nuevo Aldama?

En Reino Unido Boris Johnson; en Austria Sebastian Kurz; en Eslovaquia Igor Matovič; en Portugal Antonio Costa. Primeros ministros a los que la presión ciudadana -y en algún caso también la de su partido- obligó a dimitir por celebrar fiestas durante la pandemia, mentir al Parlamento, publicar encuestas manipuladas y pagadas con dinero público, comprar irregularmente vacunas Sputnik, o la simple apertura de una investigación por corrupción. Todo un catálogo de menudencias si las comparamos con la dimensión del pudridero español.

Las joyas no declaradas de José Luis Rodríguez Zapatero nos parecen hoy el colmo de la indecencia. Probablemente sea este, hasta la fecha, el episodio de mayor impacto social de los hasta ahora conocidos, además de serio candidato a convertirse en hito y paradigma de esta desdichada legislatura. Pero, ¿y la próxima semana? ¿Qué fechoría será la que desvele en los próximos días la UCO o la UDEF, la Audiencia Nacional o el Supremo? ¿Quién de los que tienen mucho que ganar si colaboran con la Justicia será el nuevo o la nueva Aldama? ¿Martínez, Leire, quizá Cerdán?

El problema de Sánchez no es que su posición sea insostenible con lo que sabemos, sino que ya no hay marcha atrás, no hay inmunidad que valga, y a esta fosa de mugre por la que nos estamos despeñando no se le ve el final.