Ignacio Camacho-ABC
- Exista o no delito tributario, la leyenda del contador de nubes es incompatible con la tenencia de un tesoro en el despacho
Valery Giscard d’Estaing aún era presidente de Francia cuando le estalló el escándalo de los diamantes regalados por Bokassa, uno de los dictadores –él se proclamaba emperador– más sanguinarios de África, sospechoso de haber cocinado literalmente a unos enemigos para servirlos como manjar en una cena de gala. El asunto le costó a Giscard una severa derrota electoral y su imagen personal quedó para siempre averiada. Zapatero ya no dirige el Gobierno, del que salió hace quince años repudiado por quienes ahora rehabilitan el legado de su etapa, pero al margen de su suerte penal le va a ser muy difícil conservar la aureola de presuntas virtudes humanitarias tras la aparición en su caja de caudales de un ajuar de zafiros y esmeraldas de Zambia.
El veredicto moral de la opinión pública está emitido. Por mucho que las joyas procedan de regalos oficiales o que la posible infracción tributaria haya prescrito, la tenencia privada de ese tesoro es incompatible con su pose desprendida y su discurso de idealismo. El contexto tampoco le ayuda; está involucrado en un proceso por tráfico de influencias cuya investigación inicial apunta hacia tramas fiduciarias, paraísos fiscales y cobros camuflados a través de empresas de un amigo. Su derecho a la presunción de inocencia sigue intacto pero el escándalo ha hundido su reputación de referente ético y desconcertado a su propio partido sin que su declaración judicial haya despejado, a criterio del juez, los indicios racionales de comisión de delitos.
Por ahora el instructor ha mostrado con él una deferencia exquisita. La petición de prisión provisional reclamada por las acusaciones particulares era a todas luces excesiva, pero el descarte de las demás medidas cautelares solicitadas por la fiscalía roza el choque con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. Se entiende que el magistrado Calama trate de alejar cualquier suspicacia de sesgo o de acepción negativa hacia una figura de indudable relevancia política. Más dudosa resulta, sin embargo, la afirmación de que esa notoriedad baste por sí misma para impedir eventuales maniobras obstructivas susceptibles de dificultar en el extranjero las comprobaciones que aún tiene pendientes la policía.
En todo caso, su lógica prioridad por la defensa jurídica empeora el relato. Si la causa encalla por prescripción o nulidad –basada en la eventual irregularidad del volcado en Estados Unidos del teléfono de cierto empresario venezolano– tal vez logre salir indemne pero su crédito como quijotesco contador de nubes sufrirá un descalabro. Y el victimismo conspirativo, tan común en el sanchismo, sólo complace a los votantes más sectarios, inmunes a las evidencias de que su ídolo lleva mucho tiempo azacaneando en regímenes de muy escaso prestigio democrático. A ZP sólo le puede sacar de este aprieto la demostración de que los hechos imputados son falsos. Y aun así, el mito del filántropo quedará hecho pedazos porque no hay utopía que resista la certidumbre de un simulacro.