El 9 de junio pasado, este periódico, bajo la firma de Juan Delgado y Carlos Cózar, soltó una bomba que llevó la perplejidad al mundo económico financiero patrio. Para sustituir a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que regula precisamente eso, la competencia, además de las fusiones y adquisiciones empresariales, con decisiones que afectan a sectores de tanta importancia como el energético, las telecomunicaciones, la banca o la defensa, la Moncloa ha pensado en un sanchista de tomo y lomo, un socialista con resabios argentinos, y un enemigo de la competencia (como buen socialista, claro está): nada menos que Mariano Bacigalupo, hijo del polémico ex magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y marido de la ex ministra Teresa Ribera, actual vicepresidenta ejecutiva por cupo, que no por virtud, de la Comisión Europea (CE). Con el Gobierno a punto de recibir la extrema unción, situar al frente de Competencia a una persona que bebe los vientos por Sánchez es, además de un acto de piratería política, una iniciativa de hondo significado por cuanto supondría poder controlar desde la oposición y durante seis años un organismo regulador clave. La respuesta común de mucha gente a la noticia en Vozpópuli fue la misma: «No puede ser posible eso que estáis contando…». Pero era y es posible. Eso y mucho más. La CNMC es quizá el último organismo regulador donde a Sánchez le queda por colocar a un hombre de su absoluta confianza. Es la concepción patrimonial del Estado típica del dictadorzuelo que se cree habilitado para hacer y deshacer a su antojo. Es terminar con el reparto de la tarta, y el Gobierno que venga detrás, que arree…

De espectacular se puede calificar el rendimiento que la familia Bacigalupo, padre e hijo, le han sacado a su «exilio» español en su huida de la dictadura argentina. Enrique Bacigalupo Zapater, 88 años, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, experto en penal y militante de la izquierda radical argentina, abandonó el país en 1974 tras ser amenazado por la Triple A durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. De Buenos Aires pasó a vivir en Bonn, Alemania, durante cinco años, hasta descubrir el panal de rica miel español donde en 1978 la izquierda patria, que ya se había hecho fuerte en la universidad y la judicatura, le iba a recibir con los brazos abiertos. En España ejerció como magistrado durante 24 años, desde 1987 hasta su jubilación en 2011, y por sus manos pasaron algunos de los asuntos más relevantes de la justicia española, tal que el caso Sogecable, un escándalo que puso contra las cuerdas al Grupo Prisa de Jesús Polanco («¡Que me lo meten en la cárcel, presidente, que me lo meten en la cárcel!» -Polanco a José María Aznar). Con el Grupo Prisa en todo su esplendor, año 1997, Juan Luis Cebrián no solo no fue al «colegio», que decía Javier de la Rosa, sino que consiguió echar de la carrera al juez que instruía el caso, Javier Gómez de Liaño, por supuesta «mala praxis». Quien firmó la sentencia de Gómez de Liaño fue Enrique Bacigalupo, entonces magistrado del Supremo (junto al ponente, Gregorio García Ancos). El tercer magistrado, José Manuel Martínez-Pereda, emitió voto particular contra la condena. Leído en julio de 2022 (Libertad Digital): «La Audiencia Nacional investigará el pago de 200.000 dólares de Prisa al juez Bacigalupo para condenar a Gómez de Liaño». Tal vez uno de estos días Cebrián, pope máximo del Grupo Prisa durante décadas, podría contarnos la cantidad de dinero que se movió en aquella operación, ahora que se ha ubicado lejos del socialismo trincón patrio.

De Buenos Aires ya salió Bacigalupo con algún que otro gatuperio entre las piernas. «Lleva embolsados más de 500.000 dólares del erario, aunque no vive en la Argentina desde antes del golpe de Estado de 1976 e hizo su carrera profesional en España» (del diario argentino La Nación). Su hijo, Mariano Bacigalupo Saggese, doctor en Derecho con premio extraordinario (UNED), ha hecho también una brillante carrera profesional en España, aunque su mayor éxito parece haber consistido en casarse con Teresa Ribera, miembro de esa elite o cogollo de la izquierda socialista devotamente engolfada con Pedro Sánchez. Auténtica ayatolá del llamado cambio climático, Ribera firmó en 2009, como secretaria de Estado de Cambio Climático del Gobierno Zapatero, la declaración de impacto ambiental del proyecto Castor. En 2015, y como consecuencia de los seísmos provocados por el citado almacén marítimo frente  las costas de Tarragona, los tribunales imputaron a 18 técnicos relacionados con el caso, entre los que no figuraba ningún cargo político. La ex secretaria de Estado Ribera nunca fue citada. Tampoco lo ha sido con ocasión del desastre de la DANA valenciana, con resultado de más de 230 fallecidos. El Supremo archivó las querellas interpuestas contra ella por su gestión de la tragedia y del barranco del Poyo (los no avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y el archivo del proyecto de encauzamiento y drenaje del citado barranco). Esta gente siempre tiene suerte. No solo dan esquinazo a los tribunales, sino que encima les premian con sinecuras de relumbrón pagadas a precio de oro en Bruselas.

Entre 2017 y 2022, Mariano ya fue consejero de la CNMC, con su señora al frente de Transición Ecológica, de modo que mientras Teresa tomaba decisiones que afectaban gravemente al sector eléctrico, su marido cuidaba de que la nueva normativa no sufriera ningún tropiezo en la CNMC. Organismos independientes, les llaman. En la sede de la calle Barquillo esquina Alcalá era lugar común que mientras Mariano actuaba como portavoz oficioso de su señora en la CNMC, la señora ministra estaba al corriente de todo lo que, en materia de sanciones y demás, se cocinaba en Competencia. Secretos de alcoba. En 2022, cuando le faltaban unos meses para cumplir su mandato en la citada CNMC, la señora Ribera enchufó a su marido en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se «mete pal cinto» 141.000 euros año en lugar de los 100.000 pelados que pagaba la CNMC. En el sector eléctrico ha sido un secreto a voces estos años que el verdadero ministro de la cosa energética ha sido Mariano Bacigalupo, de manera que cuando alguien quería tratar un asunto espinoso relacionado con la materia ya sabía a qué puerta tenía que llamar (además de a la de Pepiño Blanco). La parejita pija de Majadahonda, Mariano-Teresa o Teresa-Mariano, que tanto monta, estuvo a punto de protagonizar, febrero de 2024, su último gran golpe (estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros) con la escisión, dentro de la CNMC, del área de Energía para crear, o más bien recrear, una nueva Comisión de la Energía a la que tenían previsto quitar el apellido de «Nacional» porque eso suena muy mal en la Españita de Sánchez. El proyecto, que naturalmente estaba hecho a la medida de Mariano, no cuajó, vaya usted a saber por qué.

De modo que ahora la Moncloa, es decir, Sánchez, quiere volver a poner en órbita al gran Mariano Bacigalupo devolviéndole a la CNMC donde ya estuvo, pero con pleno mando en plaza, nada menos que como presidente, porque él lo vale. «El matrimonio Bacigalupo-Ribera mantiene una relación de estrecha amistad con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. El actual consejero de la CNMV tiene acceso directo al presidente del Gobierno, quien, a su vez, tiene plena confianza en Bacigalupo», escribían aquí Delgado y Cózar días atrás. Pero el asunto suena tan escandaloso, incluso en un país curado de espantos como España, que alguien dentro de la propia tropa sociata parece haber levantado el dedo admonitorio. Es el caso del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quizás lo único salvable de este Gobierno rastrero, que ha buscado y rebuscado dentro de sus amigos y conocidos un perfil menos conflictivo que el de Bacigalupo para tratar de colarlo con calzador ante el gran capo. Y parece haberlo encontrado: Inmaculada Gutiérrez, una TECO (Técnico Comercial y Economista del Estado) de perfil técnico y sin el obsceno alineamiento político del que hace gala Bacigalupo, además de mujer (y muy inteligente), un detalle que ahora cotiza al alza. Gutiérrez, que durante cuatro años se encargó de los proyectos internacionales de Renfe, se ocupa en la actualidad de dirigir Arenaways, un operador ferroviario privado italiano.

¿Qué decisión tomará el jefe de la banda? Porque aquí solo manda él, naturalmente. De momento, el mandato de Cani Fernández expiró el pasado martes 16 de junio, fecha en la que todos esperaban el nombramiento en Consejo de Ministros de su sucesor o sucesora. No se produjo, seguramente porque Su Sanchidad Serenísima tiene cosas más importantes de las que ocuparse ahora mismo, con su amadísima esposa camino del banquillo tras la valiente decisión de ayer del juez Peinado. Tiempo habrá, piensa él, de completar la ocupación de todas las instituciones con paniaguados dispuestos a arrastrar su prestigio, si alguno les resta, al servicio del gran capo. Ya solo queda la CNMC. Impuso en el Banco de España (BdE) al cínico José Luis Escrivá como gobernador y a Soledad Núñez como subgobernadora. Ambos permanecerán en el cargo hasta 2030. Y al BdE se lo ha tragado la tierra. De su antaño prestigioso Servicio de Estudios se ha apoderado un espeso silencio. Ni una opinión sobre política económica que pueda contrariar al sátrapa que nos preside. Otro tanto ha pasado con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde ha colocado a Inés Olóndriz, estrecha colaboradora que fue de Marichús Montero en Hacienda. ¿Cómo podrá doña Inés fiscalizar la evolución de las finanzas públicas bajo el mandato de quien la nombró a dedo? Colocar a siervos del poder al frente de organismos que deberían ser independientes, destruye cualquier credibilidad del sistema regulador, al acabar con esos checks and balances esenciales para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Conocemos bien la senda de perdición: colonización de las instituciones, uso partidista del Estado, debilitamiento de los contrapesos, politización de los organismos independientes, ataques a la separación de poderes y construcción de redes clientelares financiadas con dinero público. Un patrón clásico en todo proceso de degradación democrática que se precie. Pongamos que hablo de España.