Olatz Barriuso-El Correo

  • Mientras el resto de socios se aleja a marchas forzadas del presidente, los de Otegi recurren a la tesis de la «operación de Estado» en defensa del «régimen del 78» para marcar distancias con el PNV

Hemos conocido muchos autos de la Audiencia Nacional e informes de la Guardia Civil que afectaban a ciudadanos vascos y que eran falsos de la primera a la última palabra. Entre creer un informe de la Guardia Civil y según a qué personas lo tenemos claro». Esta frase del senador y miembro de la Mesa Política de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, esta semana en una entrevista en la televisión pública catalana, resume con precisión la estrategia que la coalición soberanista ha decidido adoptar ante la deriva de la legislatura en Madrid, corroída a un año vista de su terminación natural por el torbellino de escándalos que acorralan a Pedro Sánchez, a su entorno más cercano y al PSOE.

Mientras el resto de socios de investidura se alejan a marchas forzadas del Gobierno y, en muchos casos, exigen elecciones para poner fin a una agonía política en la que no esperan ya poder obtener réditos políticos de calado, EH Bildu se coloca en el tablero como el socio más fiel de Sánchez y el más cómodo para el Gobierno. Por resumir: el PNV exige urnas si no hay Presupuestos; Junts coquetea con el PP para buscar las cosquillas a Moncloa y ERC, o al menos el ala representada por Gabriel Rufián, sostiene que «aguantar para nada es tontería». En contraste, Bildu es también el que con más entusiasmo suscribe la teoría conspirativa sobre una presunta «operación de Estado» para «tumbar» al Gobierno de Sánchez, devolver al PSOE al redil de los pactos de Estado y el «régimen del 78» y, de paso, desbaratar cualquier posibilidad de abrir paso a una reforma territorial en clave soberanista y confederal.

¿Lo hace Bildu por amor a Sánchez? Evidentemente no, sino por propio interés. Son varias las razones que confluyen en la estrategia desplegada por la formación de Arnaldo Otegi, que esta semana ha aprobado incluso un documento de su dirección sobre «la situación en el Estado español», titulado ‘La crisis del régimen, la oportunidad política y nuestra responsabilidad’, en el que desbroza su tesis de que «el Poder Judicial y los aparatos policiales» han asumido la función de tutela del ‘statu quo’ y de la unidad de España que en la Transición correspondía «al Ejército». «No actúan de forma neutral contra la corrupción», sostiene el texto en alusión a los jueces y a la UCO, sino que lo hacen «contra las opciones políticas que podrían permitir cambios de calado». «El objetivo es cerrar la ventana de oportunidad» e impedir que «una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes» en una Transición que EH Bildu ve continuadora del franquismo.

La razón más evidente es la de mantener la coherencia con la narrativa desplegada hasta ahora, que, además, conecta de manera evidente a la coalición soberanista con el sentir de su electorado, absolutamente favorable a todo lo que suene a evitar un posible Gobierno de PP y Vox, una alianza que Alberto Núñez Feijóo ha normalizado esta semana. Un electorado identificado también con la tesis del ataque coordinado para derribar al sanchismo, que ‘compra’ un 52% de los votantes del PSOE, según Metroscopia. No hay datos públicos sobre los votantes de EH Bildu, pero la dirección ha interiorizado que sostener esa tesis no le penaliza en absoluto. Más bien al contrario, les sirve, creen, para seguir desgastando al PNV. «Hacen ver que si llega la ultraderecha, ellos han intentado evitarlo hasta el último momento. Y van más allá: analizan que la ambigüedad del PNV les beneficia y les hace más determinados. No cambiarán hasta el final de la legislatura», analizan fuentes conocedoras del análisis de la dirección.

De hecho, esa es otra de las razones por las que Bildu permanece como último baluarte de Sánchez, porque ha concluido que le permite retratar al PNV como un partido dispuesto a abrir la puerta a PP y Vox, mientras ellos despachan la corrupción como mal endémico -y sistémico- del «régimen», aunque prometen tomar medidas si hay sentencias.

Al mismo tiempo, logran otros dos objetivos fundamentales en su ‘hoja de ruta’: por un lado, mantener el goteo constante de flexibilizaciones de grado de presos de ETA, que permiten a un porcentaje de reclusos de la banda muy superior al de la población interna general acceder a la semilibertad con la vía del 100.2. Un acuerdo que niegan que exista de forma expresa con Sánchez pero que achacan al compromiso de «normalización política» con que apoyaron la investidura.

Nuevo estatus

Además, Bildu logra mantener viva, de cara a sus votantes, la esperanza de lograr un acuerdo sobre el nuevo estatus vasco. De hecho, el guiño que Sánchez hizo este miércoles a sus socios al dejar caer que lo que resta de legislatura podría servir para «resolver los conflictos territoriales en nuestro país» ha sido bien recibido en las filas de la coalición soberanista, que puede así seguir alimentando su exigencia de dar contenido a la legislatura en torno a «un programa de mínimos plurinacional». En Bildu, y en el PNV, creen que si Sánchez necesita sacar ese conejo de la chistera y alienta la posibilidad de un acuerdo para dar luz verde en Cortes Generales a la reforma del Estatuto, la fumata blanca entre los jeltzales, los soberanistas y el PSE no tardaría en llegar. De momento, Moncloa sigue manteniendo contactos discretos con las fuerzas vascas, según ha podido corroborar este periódico.

La tercera pata, la de combatir las «políticas neoliberales», la cubrirá Bildu negociando con entusiasmo unos Presupuestos condenados al fracaso a cambio de políticas sociales que reviertan en Euskadi. «Claro que apoyaríamos unas Cuentas sociales, aunque sigue siendo difícil conseguir ahora lo que no se ha hecho en tres años», sostienen en el grupo parlamentario. Pero los logros son lo de menos cuando lo fundamental es apuntalar el relato.