- El Tribunal Supremo pone en su sitio a todo el sanchismo y obliga a la democracia española a expulsar a Sánchez
El Tribunal Supremo ha condenado técnicamente a José Luis Ábalos, con una condena ejemplar a 24 años de prisión sin parangón en España, pero también y sobre todo a Pedro Sánchez, cuya continuidad es inviable.
La sentencia es una radiografía del llamado sanchismo que no puede parecer ajena a un presidente que lo es gracias a los condenados, responsables de hacerle ganar las primarias en el PSOE, la moción de censura y sus investiduras originales.
Los jueces han confirmado que la mano derecha de Sánchez se aprovechó de su posición, concedida y reforzada siempre por el presidente, para engrasar una organización criminal que se sirvió de su ascendencia en el Gobierno para orientar adjudicaciones públicas y orientar un beneficio privado infame.
También ha premiado la disposición de un actor secundario, Víctor de Aldama, para lanzar un mensaje del que otros encausados deben tomar nota: la redención parcial es posible, pero pasa por la colaboración con la Justicia y la ayuda en el esclarecimiento de hechos más típicos de una mafia que de un Gobierno democrático, algo de lo que deberían tomar nota todos los encausados en la miríada de causas que acorralan a Sánchez: desde Leire Díez hasta Santos Cerdán o los propios condenados de hoy, todos deberían tomar nota de que es mejor acabar con esta omertá y contribuir a despejar las múltiples tramas vivas en torno a la Moncloa.
En ningún país serio de Europa sobreviviría un presidente deudor de los condenados que, además, no ganó las elecciones, carece de mayoría parlamentaria y además tiene a su núcleo duro en prisión, incluido su infame círculo personal, político y familiar.
Que, además de ignorar las consecuencias políticas inevitables de este bochorno, Sánchez se permita atacar por este u otros casos, como el de Begoña Gómez, a la Justicia, refleja el momento de excepcionalidad democrática que vive España, con un presidente insurgente capaz de desbordar los límites del Estado de derecho para sobrevivir y, de paso, acabar con los contrapoderes.
Pedro Sánchez es, políticamente, beneficiario, cómplice o tal vez inductor de todas las maniobras de sus adláteres, que a cada beneficio personal le han añadido un dividendo político para su patrón, un indeseable que tensiona las costuras de la democracia para garantizarse una impunidad que no merece y una prosperidad política que no se ha ganado en las urnas. El secretario general del PSOE no está condenado en sentencia firme, pero ante el tribunal de la opinión pública es el principal culpable de todo.