La cosa llegó a los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a los padres, y emitió una medida cautelar que obligaba a que al menos un 25% de la enseñanza de la escuela se impartiera en español.

La familia pidió entonces algo revolucionario: que las resoluciones judiciales se cumplan en Cataluña, y eso desató la tempestad. Porque la familia de Canet tenía de su lado la justicia, pero enfrente a la tribu airada, y ante ésta última Jaume M. decidió hacer méritos.

«El pueblo tendría que perseguir día y noche a todos los miembros de esta familia denunciante», dijo, para «demostrar» que todos los que pretendan que la legalidad se cumpla, y aspiren a que se aplique la cuota mínima de castellano en la educación, tendrán que marcharse del municipio.

No sólo había que perseguir a los padres. Jaume M. se dedicó a hacer «llamamientos al aislamiento de la menor (que entonces tenía 5 años) por parte del resto de sus compañeros de colegio».

Y pidió que se identificara «con nombre y apellidos» a la familia en cuestión, para que «vivieran un infierno mediático» que sirvieran de «advertencia» a otros que tuvieran una ocurrencia similar.

Y para que el infierno mediático fuera también presencial, se apuntó a apedrear el domicilio familiar.

Jaume M. instigó al acoso de la familia de Canet, y de este modo señalizó su virtud ante la tribu. Como, además de ser un pelota, era bastante limitado, dejó un rastro por las redes sociales que facilitó su condena (los entrecomillados del primer párrafo son del propio Jaume M., y los segundos de la sentencia).

Posteriormente, fue también condenado otro genio que había aportado su granito de arena en X: «Lo siento por el niño, pero le tendrían que hacer bullying hasta que se vaya». Se justificó ante el juez echando la culpa al franquismo.

Mientras los camisas pardas hacían su trabajo, un grupo de familias de la escuela de Canet, arropado por Omnium Cultural, llevó el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Para denunciar el acoso a la menor? No, para defender su derecho a privarla de derechos, porque comparten con los matones el delirio de sentirse acosados mientras acosan.

Ahora El TEDH ha contestado, y la respuesta no les ha gustado.

«Bueno es una mera inadmisión a trámite de la demanda, pero no han entrado en el fondo del asunto».

Pues un poco sí. El tribunal (al que imagino con los ojos abiertos como platos) alega que «prohibir el uso del español como lengua vehicular privaría a los ciudadanos de su derecho a ser educados en la lengua nacional».

Pues claro. De nuevo, cuando los nacionalistas salen de su pecera, o invitan a los de fuera a su interior, se encuentran con la incomprensión general.

Ya ocurrió en diciembre de 2023, cuando una misión de la Unión Europea dirigida por la estonia Yana Toom tuvo la impresión de haber aterrizado en una tribu de antropófagos al escuchar las delirantes justificaciones aportadas para prohibir la lengua común y vulnerar los derechos de los hablantes.

Pensar que estas señales exteriores tendrían que hacerlos recapacitar es depositar una confianza excesiva en la razón.

Lo que esta hace, y más en un ambiente tan contaminado como el nacionalista, es proporcionar a su portador cualquier argumento que le permita alinearse con la masa enfurecida, no vaya a ser que se reúna para tirar piedras a tu casa.

Vean un ejemplo cualquiera, el periodista y directivo del diario Ara Antoni Bassas, que dice, contra toda evidencia, que Cataluña no es una región bilingüe.

Es cierto, reconoce a regañadientes, que hay castellanoparlantes, pero «no es porque ha caído un meteorito, ni porque Dios lo ha establecido en el undécimo mandamiento, sino porque desde hace trescientos años el castellano se ha querido imponer y en ocasiones se ha impuesto».

Lo del meteorito indica a la perfección el grado de fastidio que le provocan los hispanoparlantes y su manía de hablar en español.

Que atribuya la existencia de castellanoparlantes a una supuesta imposición pasada justifica la imposición actual del catalán, que es muy real. Y que, entre los malignos agentes de imposición lingüística, Bassas incluya expresamente a «Franco y Ciudadanos» permite comprender que es imposible que sus argumentos sobrevivan fuera del caldo de cultivo nacionalista.

De nuevo, la culpa última de esta podredumbre corresponde a los políticos, y en este caso es Salvador Illa quien ha recibido el zapatazo del TEDH.

No debemos nuestra cena a la benevolencia del panadero o el cocinero, sino a su propio interés, decía Adam Smith. Desgraciadamente (digo yo) debemos la estabilidad de nuestras sociedades (y su salud mental) al interés de los políticos, que no han dudado en prosperar mediante la venta de una mercancía venenosa.

Desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre en el mercado, los intereses de los políticos están lejos de estar alineados con el interés público.