El PP, como antes Vox, ha puesto el acento en las consecuencias indeseables de engordar el censo electoral, sin control alguno, impuesta por el Gobierno con la excusa de compensar a los hijos y nietos de los exiliados españoles en el último siglo.

Y lo ha hecho, pese a los alaridos demagógicos suscitados a continuación por los defensores habituales de Pedro Sánchez, por una razón previa ya incuestionable: no se puede conceder el derecho a elegir quién gobierna en España a quien no conoce a España, nunca la ha pisado y no contribuye, de ninguna manera, a su sostenimiento económico, social y cultural.

Los reconocimientos morales, e incluso legales, no pueden incorporar derechos distintos a las obligaciones, salvo que la intención sea bien distinta a la declarada: vincular una concesión graciosa a un proyecto clientelar, con el fin de compensar el desprecio electoral de los españoles con un impostado nicho de votantes a los que se pretende inocular la sensación de deuda.

Ya pueden decir los altavoces mediáticos del presidente más torticero, tramposo e inmoral de la historia reciente que es un exceso de Núñez Feijóo o Abascal, que la realidad no cambia: su obligación es controlar que ninguna medida de Sánchez tenga por intención real cambiar las coordenadas políticas de España, con alguno de sus lamentables trucos clientelares forzados.

Y este es el caso. Cualquier demócrata debería preocuparse por medidas arbitrarias, mal explicadas y peor ejecutadas que, simplemente, puedan alterar la decisión de los españoles. Lo contrario sería negligente y cobarde en cualquier circunstancia, pero especialmente en una como la actual, caracterizada por una injerencia intolerable del Gobierno en buena parte de la cadena electoral del Estado de derecho.

Porque en eso consiste utilizar la SEPI para colonizar Correos, Indra o Telefónica. O utilizar RTVE como altavoz y chaleco salvavidas del presidente y de su entorno, amén de en una especie de colutorio barato de la corrupción, transformada en una conspiración ficticia contra pobres víctimas políticas de la involución.

Sánchez ya practica la ingeniería electoral, sirviéndose incluso del erario para fabricar dependientes con un burdo sistema asistencial que empobrece a España, pero le rinde beneficios electorales. Que ahora se atreva a fabricar votantes a toda prisa, justo cuando los pronósticos electorales reflejan un pavoroso hundimiento, no solo avala, sino que obliga, a activar todas las alarmas y no pasar ni una.