Miles de extranjeros afrontan la legalización de papeles con la legítima aspiración de salir de las zonas de sombra para consolidar su arraigo y convivir en igualdad de condiciones. La decisión del alto tribunal de abrir la puerta a la Justicia europea por una posible colisión con el derecho comunitario -la gestión de los flujos irregulares ya no depende de cada Estado- eleva la inestabilidad. El riesgo de que el decreto sea enmendado desde Luxemburgo amenaza con dejar en el limbo a un millón de personas, en pleno endurecimiento de la gestión migratoria en la UE.

La inseguridad amenaza con lastrar un proceso de integración que exige ante todo una mejora notable de los servicios públicos, especialmente en sanidad y en educación, para poder garantizar el encaje de los nuevos usuarios, evitar la exclusión y atajar el peligro de xenofobia. Las inversiones por valor de 500 millones, anunciadas por Pedro Sánchez para blindar ahora el relato de los derechos y deberes de los inmigrantes, llegan en pleno choque con los partidos de la oposición por la derecha. La insistencia del PP y de Vox en vincular las iniciativas migratorias del Gobierno -permisos de residencia y trabajo, y ‘ley de nietos’- con intentos de dopar las urnas en favor del PSOE constituyen una clara irresponsabilidad. Mantener una acusación de este calado sin ninguna prueba y a sabiendas de que la regularización no conlleva el derecho a voto puede acabar dañando el prestigio de las instituciones.

Que la extrema derecha hable de «pucherazo» es una insidia en su carrusel de hipérboles. Pero que Núñez Feijóo se sume con una denuncia de «ingeniería electoral», cuando él mismo buscó el voto de la diáspora gallega en Sudamérica siendo presidente de la Xunta, solo puede ser interpretado como un acto de seguidismo. Lo cierto es que la regularización de inmigrantes se cierra bajo sospecha y la tensa espera de un veredicto entre Madrid y Bruselas.