Si la solución parece sencilla, nada lo es en un asunto que comenzó con una lluvia de ceros y ayer desencadenaba tormentas a alturas inesperadas. El Poder Judicial, por ejemplo, recordándole a la Universidad que no puede ignorar unas medidas cautelares dictadas por un juez, por varios en este caso, sin prevaricar. «Pregúntenle a un filósofo del Derecho», podría haber añadido el CGPJ y el propio rector Bengoetxea debería haber dado un paso al frente. Ayer el paso lo dio hacia atrás cuando las medidas judiciales dejaron de ser imposibles de cumplir. Siguen siendo, en cualquier caso, peliagudas. También por el lado de los alumnos, que van a comenzar a estudiar ocupando una plaza que depende de una variable particularmente caprichosa del destino: la suerte final de un proceso judicial en marcha.

También la política intervino ayer a todo volumen. El PNV osciló entre la crítica a la decisión judicial y la crítica a los actuales dirigentes de la EHU. Bildu habló de ofensiva contra el euskera. Y el PSOE de «apartheid lingüístico», pero en sentido contrario. La verdad es que no sé cómo vamos a formar así el frente de recreación histórica antifascista que de pronto ilusiona tanto a Otegi. A la espera de que los jueces aclaren lo ocurrido en los exámenes de la PAU y sus posibles implicaciones, dos cosas parecen claras. Una indica que una convocatoria de Selectividad no puede complicarse así. La otra recuerda la conveniencia de perseguir grandes consensos con el pragmatismo que requiere la pluralidad antes de profundizar en la división atendiendo a severos ideales. No se hará. Entre lo más llamativo de estos días, el modo en que en ciertos ambientes se ha intentado demostrar lo descabellado de la tesis de la arbitrariedad: dirigiendo la manguera del odio hacia los colegios implicados y activándola sin miedo.

A Alberto González Amador le han hackeado el móvil. Y ha perdido sus conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez, pero no las del chat de la comunidad de vecinos. Es lo que le explicó ayer a la jueza que se encarga del asuntillo aquel de los periodistas identificados por la Policía que terminaron en el teléfono del asesor de Ayuso, que se encargó de hacerlos pasar por escuadrones de asalto y los utilizó para amenazar, con sintaxis enloquecida, a medios críticos. Yo imagino que la jueza se lo preguntaría como nos lo preguntamos todos: «¿Pero qué líos se traen últimamente con los móviles?» A la gente normal nos los hackean para vaciarnos las cuentas del banco. Y no los borramos por seguridad porque lo que nos da seguridad es tener un archivo de mensajes perfectamente datados en el que es muy sencillo bucear. Me dirán que ustedes y yo no somos objetivos de la UCO. Y yo les diré que llevar una vida peligrosa me parece razón de más para no tener el teléfono recién borrado, sino rebosante de mensajes que exuden una ejemplaridad tan radical, tan absoluta, que preocuparía a Javier Gomá. «Hola, torpedo, te escribo para recordarte la comida del jueves y porque quiero reafirmarme en mi compromiso con el Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué tal andas?». Y de ahí para arriba. Millones de mensajes que hagan que el juez, tras el volcado, no se conforme con la absolución. Y apueste por la condecoración pensionada.