- Evidencia empírica de que la resistencia de Sánchez y su bunkerización en la Moncloa, sin adelantar comicios para no perder el poder, es consecuencia de la instrumentalización que ha venido haciendo de las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses del PSOE
Que Sánchez ha conseguido hacer durante su mandato una factoría de imputados es una realidad. Y no es que tenga ya más imputados en su esfera política y personal que diputados en el grupo parlamentario socialista, como le dijo Tellado, es que va camino de contar con más investigados por corrupción que militantes hay en el PSOE.
La cotidianidad sanchista nos depara un imputado por día y no hay día sin afán y sin que alguien de los ámbitos del gobierno y del partido socialista no sea señalado y citado por la justicia. Un récord de improbable superación por cualquier otro Ejecutivo tras el paso de Sánchez por la Moncloa, devenido en un Atila, destructor, prepotente y cínico, que ha conseguido que no haya institución pública y organismo estatal donde no haya metido sus zarpas y pueda volver a crecer la hierba. El deterioro institucional, descrédito y desprestigio de organismos e instituciones del Estado, ya sea la Fiscalía General, el CIS, la Agencia Tributaria, Correos, Renfe, Adif, la SEPI, el Tribunal Constitucional, la presidencia y mesa del Congreso y así hasta llegar a empresas públicas dependientes de ministerios y de algunos de esos organismos, no tiene parangón con otros gobiernos democráticos desde la Transición.
Sánchez ha logrado, metafóricamente hablando, que sean las palomas las que disparen a los cazadores y que sus conmilitones y afectos encargados de perseguir los delitos se conviertan en delincuentes sentenciados y condenados por el Supremo como el exfiscal García Ortiz. Ha conseguido que los mandos, político y policial, de la Guardia Civil, su directora y el DAO, sean citados como imputados tras evidenciarse que sus intenciones no fueron las de perseguir a los corruptos, estimulando e impulsando el trabajo de los agentes investigadores de sus presuntas corruptelas y supuestos delictivos perpetrados, sino de boicotearlo, obstruirlo y tratar de impedirlo con amenazas y expedientes a los mandos y números que integran la Unidad Central Operativa del instituto armado.
Una situación que describe, como en el caso del condenado fiscal general, la utilización obscena que ha hecho Sánchez en su beneficio político y personal de todas esas instituciones y organismos estatales colonizados y el grado insultante de servilismo que sus bien mandados, nombrados por él, García Ortiz o Mercedes González, la directora de la Guardia Civil junto a su DAO, el general Llamas, están dispuestos a alcanzar, incurriendo en una prevaricación continuada, para conseguir que el césar y su familia sean inmunes a la acción de la Justicia o impedir que alguna investigación pudiera complicarle su continuidad en el poder.
Una y otro siguen a día de hoy en sus puestos sin dimitir o ser cesados tras quedar demostrado que la directora mintió, negando primero sus reuniones con la ‘cloaquera’ Leyre Díez y admitiendo después que se vio con ella tres veces. Claro que también mintió Marlaska sobre el mismo particular y ahí sigue, sin inmutarse, parapetado tras la cara de cemento armado que se le ha puesto desde que dirige tan indignamente el Ministerio de Interior.
Todos los casos que se investigan son de tal gravedad que habrían provocado una crisis de Gobierno tras otra, hasta hacerlo caer, en cualquier país democrático, menos en España, donde Sánchez ha conseguido convertir la excepción en rutinaria normalidad hasta agotar y anestesiar la capacidad de sorpresa e indignación de muchos españoles que se preguntan si todavía queda algún justo y ejemplar en el reino sanchista tras ocho años en Moncloa y 16 causas judiciales abiertas con 123 imputados (más que diputados socialistas). La nómina del muladar la completan el ex fiscal general García Ortiz, condenado junto al exministro Ábalos y su asesor Koldo, cumpliendo sentencia en prisión; Cerdán, caminito de Jerez; Begoña Gómez, a punto de sentarse en el banquillo por cuatro delitos; el «hermanísimo», a la espera de sentencia junto al exdirigente socialista pacense y expresidente de la Diputación; la actual tesorera-gerente del PSOE, imputada mientras se investiga la financiación presuntamente ilegal del partido; tres presidentes de la SEPI, el holding empresarial del Estado, pleno total, investigados junto a una veintena de cargos más; la presidenta de ADIF, etc., y sin olvidar que Zapatero, mentor y asesor de Sánchez, será el primer expresidente de Gobierno en ser juzgado con serias posibilidades de que su horizonte procesal acabe en Soto del Real.
Y siendo extremadamente graves todos esos casos, insisto, lo peor y más indecente es que desde la cúpula de la Guardia Civil y en connivencia y complicidad con la cloaca montada por Cerdán y Leyre en Ferraz se intentara interferir en investigaciones judiciales, singularmente las referidas a la mujer de Sánchez y su hermano, para torpedearlas, deslegitimarlas o paralizarlas mediante la extorsión y el descrédito a jueces, fiscales, periodistas y guardias civiles. Evidencia empírica de que la resistencia de Sánchez y su bunkerización en la Moncloa, sin adelantar comicios para no perder el poder, es consecuencia de la instrumentalización que ha venido haciendo de las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses del PSOE, sin importarle el daño reputacional ocasionado a las mismas y a la democracia.