Lo trascendente de estos tres elementos procesales es que, por un lado, suponen avances muy importantes en la reconstrucción del archipiélago delictivo que hace rebosar el mar de Sánchez; y por el otro desmontan su coartada de que lucha contra la corrupción.

No sorprende que ninguno de los altos cargos y funcionarios colocados bajo flagrante sospecha por la justicia haya tenido la dignidad de dimitir. Si estaban ahí era, entre otras cosas, por su falta de textura moral.

Lo intolerable es que tampoco hayan sido destituidos por el Gobierno y que hayamos retrocedido a los días oscuros en los que se invocaba la presunción de inocencia para confundir la responsabilidad penal con la política.

Cuando lo que se dirime es si un alto cargo bajo sospecha debe seguir en el puesto, no hay otra presunción de inocencia a considerar que la de los ciudadanos que no tienen por qué soportar el riesgo de que sea un presunto delincuente quien tome decisiones que les afectan.

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Ningún gobernante ha rebajado el listón de la exigencia ética hacia sus subordinados de manera tan aparatosa como Sánchez.

Ha pasado de obligar a Màxim Huerta a dimitir como ministro de Cultura por recurrir a un mecanismo legal para pagar menos impuestos, a respaldar la continuidad de la Directora General de la Guardia Civil cuando un juez le atribuye graves delitos contra sus propios subordinados.

Existe otra prueba aún más clara de cómo los estándares éticos se han movido en la era de Sánchez. En 2019, Vicente Fernández tuvo que dimitir como presidente de la Sepi a los cinco días de ser imputado en el caso Aznalcóllar. Sin embargo, en 2026, su sucesora, Belén Gualda, ha sido confirmada en el puesto pese a ser imputada por el rescate fraudulento de Tubos Reunidos.

Misma jerarquía, opuesta reacción del mando. Y eso a pesar de que María Jesús Montero estaba tan convencida de la inocencia del ahora ‘requeteimputado’ Fernández que convenció a Sánchez de que le guardaran el puesto, dejándolo vacante durante año y medio.

Hoy están en otra fase. Sánchez y los suyos son conscientes de que la riada de la corrupción que han tolerado o impulsado ha alcanzado ya tal envergadura que se los llevará a todos por delante si acceden a acompasar los ceses con las resoluciones judiciales.

Por tremendo que sea tener que escribirlo, han llegado a la conclusión de que su impunidad penal pasa por su supervivencia política y eso implica tratar de apropiarse del Estado a costa de la democracia.

Pueden volver a leerlo porque este diagnóstico lo explica todo.

Sánchez y los suyos han llegado a la conclusión de que su impunidad penal pasa por su supervivencia política y eso implica tratar de apropiarse del Estado a costa de la democracia.

Tal estrategia requiere de una fachada con manifestaciones tan grotescas como que un imputado al que cita a declarar el juez, tras atribuirle indiciariamente una serie de delitos, es en realidad «un testigo con abogado». Como si en vez del sospechoso del robo, fuera un viandante que lo presenció.

Pero al mismo tiempo que con ayuda del CIS, los medios públicos y los periodistas vendidos o fanáticos de la «sincronizada» se crean trampantojos como ese, el núcleo duro de Moncloa trabaja con profesionalidad digna de mejor causa y medios enormes en la manipulación del resultado de las próximas elecciones.

Y cuando digo próximas me refiero a las del 27, pero también a las del 31 y sucesivas. Es obvio que las causas judiciales contra sus jefes no se extinguirán ni en seis meses ni probablemente en cuatro años. La zona de sombra tendrá que estirarse al máximo.

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Sánchez no sólo pretende ganar las elecciones generales que vienen —condición necesaria pero no suficiente para abortar la verdad y la justicia—, sino también gobernar durante la década de los 30. Ya lo ha dicho públicamente para que nadie se llame a engaño.

Para ello necesita configurar un electorado que esté conforme con la corrupción o que al menos la considere un mal menor frente al riesgo de un gobierno del PP con Vox.

Su principal afluente de ese tipo de votantes está en los sectores más ideologizados de la izquierda o más dependientes de ingresos públicos. En el voto cautivo por el ADN político o por el bolsillo.

Pero como todos los sondeos menos el CIS y todos los resultados autonómicos apuntan a que esos prolíficos manantiales pueden ser insuficientes, Sánchez ha puesto en marcha una fábrica de nuevos españoles. Con un plan quinquenal que incluye una primera remesa de hasta un millón de potenciales votantes para 2027 y una segunda entrega de dos millones más hasta 2031.

Ese millón inicial lo pretende conseguir con los primeros frutos de la ‘Ley de Nietos’. Los siguientes, con la acumulación de las sucesivas cosechas de ese mismo árbol y la nacionalización, al cabo de los dos años preceptivos, de los latinoamericanos a los que se otorgue la residencia en el proceso de regularización en marcha.

Es obvio que a Sánchez no le gusta la actual comunidad de españoles que van formando su criterio en función de las resoluciones judiciales y de las revelaciones de medios como este, a los que no logra amordazar.

Es obvio que a Sánchez no le gusta la actual comunidad de españoles que van formando su criterio en función de las resoluciones judiciales y de las revelaciones de medios como este, a los que no logra amordazar.

Hoy por hoy no está en su mano excluir del censo a estos votantes críticos, pero sí diluir su impacto, añadiendo otros sin arraigo alguno con la realidad nacional. Electores a los que se pueda movilizar en nombre de una cruzada mundial antitrumpista, pero a los que les importe un bledo no sólo la corrupción, sino la financiación autonómica, el modelo sanitario o la política agrícola por la sencilla razón de que nunca han vivido en España.

Me sorprende y alarma la banalidad de algunos colegas. Por mor de una impostada equidistancia están soslayando la burda y tal vez delictiva trampa que la Directora General Sofía Puente perpetró al incluir en el BOE la instrucción del 25 de octubre del 22 sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática.

Tras admitir en su Disposición Séptima, Apartado II, Punto 1 que esa ley «parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exilados que nacieron después de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española», la responsable de Seguridad Jurídica y Fe Pública hace unos juegos malabares hasta concluir, siete párrafos después, en una nada inocente aberración retórica:

«Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo».

Es obvio que la literalidad plantea que se trata de dos categorías distintas. Por eso dice «tanto… como». Sin embargo, estamos ante una confusión deliberada del todo con la parte, puesto que los hijos o nietos del exilio forman parte del conjunto de los hijos y nietos de los «originariamente españoles».

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Si la voluntad del legislador hubiera sido favorecer a esa totalidad, ni habría deslindado expresamente a las víctimas políticas, ni menos aún habría regulado los requisitos para adquirir la nacionalidad en el extranjero en una Ley de Memoria Democrática.

Alguien podrá pensar que para llegar a Directora General ya no es necesario saber utilizar correctamente el castellano y que, por lo tanto, estamos ante un ejemplo más de la degradación de la prosa administrativa.

Pero no es así. No se trata de una sinécdoque mal empleada, sino de una falacia de composición que recuerda la célebre polémica que Bertrand Russell mantuvo en la BBC hace casi 80 años con el eminente jesuita Coppleston.

Cuando Coppleston invocó, en defensa de la existencia de Dios, los múltiples ejemplos de que en el universo los efectos son producto de sus respectivas causas, Russell replicó que eso no implica que todo el universo proceda de una causa.

Es decir que el hecho de que muchos de los nietos de españoles nacidos fuera de España sean frutos retardados del exilio republicano, no implica que todos lo sean. Ni menos aún que esa tosca extrapolación pueda generar por ósmosis un derecho general a la nacionalidad.

El hecho de que muchos de los nietos de españoles nacidos fuera de España sean frutos retardados del exilio republicano, no implica que todos lo sean.

Llevémosla a los números. Todas las obras de referencia dicen que a Argentina llegaron unos 2.500 exilados. Sin embargo, las solicitudes de sus teóricos nietos exceden ya el millón. Eso sí que es tasa de fertilidad.

Estamos ante una falacia de composición tan fácilmente desmontable como indispensable para abrir el coladero de la «ley de nietos».

¿O acaso, de no haberse seguido este camino torticero, se habría aprobado pacíficamente que cualquier nieto de español, incluido aquel que se hubiera marchado para no pagar impuestos, para huir de la justicia o por odio patológico a España, tuviera derecho a la nacionalidad?

¿Resistiría cualquier análisis lógico el que un individuo con abuelos de cuatro nacionalidades acumulara las cuatro, aunque no hubiera pisado jamás ninguno de los países en cuestión?

¿Si esa hubiera sido la voluntad del legislador, no se habría abierto al menos el pertinente debate suscitado ahora por el catedrático Ruiz Robledo sobre la rescisión del automatismo entre nacionalidad y derecho a voto?

¿O es que nos parece bien que quien traslada su residencia permanente a Mónaco o a Andorra para eludir toda obligación fiscal siga votando décadas después en España y contribuyendo a determinar así su política tributaria?

Ruiz Robledo comentaba con razón que en ese supuesto habría que darle la vuelta al «no taxation without representation». Oiga, si usted se autoexcluye de la comunidad nacional a la hora de cumplir con el deber de tributar, no puede pretender seguir estando representado en los debates sobre lo que se hace con lo recaudado.

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Elucubraciones al margen, hay tres elementos empíricos que destapan la finalidad electoral, el ‘pucherazo legal’ del Gobierno:

1.- La concesión de las solicitudes y la incorporación al censo se está haciendo a uña de caballo, duplicando los contratos en los consulados y externalizando las comprobaciones en detrimento de su rigor administrativo. ¿Para qué esta febril urgencia?

2.- A los nuevos votantes se les permite elegir su municipio de residencia virtual por «otros motivos» distintos al propio origen de sus ascendientes. Eso fomenta la inducción de los agentes gubernamentales hacia circunscripciones con menor censo en las que unos cientos de votos pueden cambiar el signo de un escaño.

(Por mucho que en su caso la nacionalidad se le concediera por “carta de naturaleza”, el despiporre de Ricardo Darín diciendo que había elegido Jaén porque le sonaba a «joder» es humillante para todos, amén de chabacana)

Y 3.- En las cuatro últimas elecciones autonómicas se ha producido ya un sistemático desfase entre el voto del exterior y el de los residentes en España en beneficio siempre del PSOE.

Según nuestros cálculos, el incremento del número de votantes consignado en ese censo exterior hasta mayo ya podría suponer bailes de escaños en hasta 16 provincias, casi siempre en favor de Sánchez o sus socios.

Nada de esto sería tan trascendente si no fuera por lo que vamos a jugarnos dentro de unos meses. Es decir por el antedicho contexto de corrupción generalizada, por la gravedad de sus hitos más recientes y por la imperiosa necesidad de perpetuarse del sanchismo.

Los amaños de los concursos que ganó Barrabés indican que, además de las cartas de recomendación de Begoña, fueron efectivas las loas públicas que el propio Sánchez dedicó a su común amigo.

Ese tipo de presidente tenemos: agrede sin tasa a la empresa que viene contratando con el novio de Ayuso desde antes de que lo fuera y piropea en el momento justo a la del colaborador de la cátedra de su mujer para que sus subordinados sepan a quien tienen que favorecer.

En el momento en que las averiguaciones de la Fiscalía Europea concurran con las del juez Peinado, los inquilinos de la Moncloa pueden pasarlo muy mal. Sobre todo, si dejan de serlo.

En el momento en que las averiguaciones de la Fiscalía Europea concurran con las del juez Peinado, los inquilinos de la Moncloa pueden pasarlo muy mal. Sobre todo, si dejan de serlo.

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El problema es que el relámpago de esas revelaciones de la UCO, a finales de la semana pasada, quedó enseguida opacado por el deslumbramiento que produjo el lunes que los tres últimos presidentes de la Sepi, individuos que manejan miles de millones de dinero público, estén ya imputados por otorgar de manera indebida gran parte de los rescates de la pandemia.

Y no digamos por el flashazo que supuso encontrarnos el jueves con que al frente de la Guardia Civil continua una supuesta cómplice de la «fontanera» en la tarea de desacreditar a los agentes que incomodaban al PSOE.

Es como si la sociedad española estuviera siendo obligada a circular a toda velocidad por una de esas avenidas de Broadway, Las Vegas o el West End en las que las luces de neón se van superponiendo, generando un efecto estroboscópico que termina por neutralizar la percepción de cada una de ellas.

Cada destello dura tan poco antes de que llegue el siguiente, que parece que todos se fundieran en una única ráfaga repetitiva, amortizable como parte del paisaje. Hay tantos casos de corrupción, que corremos el riesgo de que los ciudadanos lleguen a olvidarse de la trascendencia de cada uno de ellos.

Por eso insistí en la clausura de nuestro máster de periodismo, dirigido por Miguel Ángel Mellado, que nunca han sido tan imprescindibles los buenos periodistas. Y a la vez ya sólo son imprescindibles los buenos periodistas.

¿Y quién es un buen periodista? En estos tiempos de vértigo el que es capaz de congelar la imagen, repasar cada fotograma a cámara lenta y fijar la atención del público siempre que el poder trate de engañarle. He aquí un caso flagrante: Nietos para la Corrupción. Quédense con este rótulo fulgurante.