Ana Sánchez-ABC
- No frenaron una instrucción fraudulenta y ahora facilitan que el PSOE cambie el debate de la legalidad por el de la xenofobia
Hay momentos en los que se entiende cómo pudieron perder el PP y Vox la mayoría absoluta que les auguraban las encuestas antes del 23-J. El debate de la ‘ley de nietos’ es uno de ellos. Génova y Bambú tuvieron en su mano recurrir la instrucción con la que el Gobierno alteró, en 2022, y de manera fraudulenta, el alcance de la ley: de unos pocos miles de descendientes de exiliados a más de dos millones de hijos, nietos y bisnietos de cualquier emigrante español. ABC denunció la instrucción, pero PP y Vox miraron para otro lado temiendo perder votos en el exterior y esperando sacar beneficio de la ampliación del censo electoral. Puro partidismo.
Ahora se echan las manos a la cabeza al conocer que el PSOE intenta una tropelía: orientar la inscripción de nuevos españoles hacia las circunscripciones en las que hacen falta muy pocos votos para lograr un escaño. Bastan unos pocos miles de votos en las provincias adecuadas para mover mayorías en elecciones muy ajustadas.
No era tan difícil de explicar, pero, en vez de hacerlo, PP y Vox decidieron tirar de trazo grueso y colocar el debate en el fraude electoral sin argumentar cómo se va a producir. Abascal denunció un pucherazo. Feijóo habló de «ingeniería electoral» pero no aclaró en qué se diferencia del fraude electoral. Y Ayuso, aunque fue la que más se acercó al problema, puso a los cónsules en el foco cuando el riesgo no está en ellos.
Con esta feria, han permitido que el PSOE que sustituya el debate sobre quién y cómo puede ampliar el derecho a la nacionalidad por el de quién la merece, acusándoles de xenófobos. Y no es que Vox no lo sea o que el PP no se deje arrastrar por esa retórica; es que, independientemente de ello, esta nacionalización masiva es ilegal, y contraria al Estado de derecho.
Una instrucción que ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros no puede reformar una ley. Y denunciarlo no es cuestionar si los descendientes de todos los emigrantes españoles -y no solo de los exiliados- merecen o no la nacionalidad, sino defender que una medida de ese alcance debería haber sido examinada por los organismos consultivos, debatida y aprobada por las Cortes. Permitir que dos millones de personas puedan nacionalizarse no es algo que pueda decidir la hermana de Óscar Puente en su despacho.
Una misma cosa puede criticarse por motivaciones distintas y, por eso, es compatible que Vox critique el proceso por razones xenófobas, con que el PP lo haga por electorales, los juristas por fraudulento, y los funcionarios por falta de medios. De hecho, faltan todavía las denuncias de quienes dicen velar por los derechos de los emigrantes. Ellos deberían haber sido los primeros en exigir, y estar haciéndolo ahora, un procedimiento legal con todas las garantías.
Insisto, explicarlo no era tan complicado. PP y Vox han vuelto a ser sus peores enemigos.