Los líderes políticos europeos –todos, sin apenas excepción– creyeron que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo compensaría con creces este fenómeno. Y durante un tiempo lo hizo, pero a la larga, al cronificarse y hasta acentuarse la bajísima natalidad, ya no bastó. Como ingenuos aprendices de brujo, dichos líderes se dijeron: ‘¿No se importan cereales cuando hay una mala cosecha? ¡Pues que se importen también trabajadores!’. Y así se hizo: se importaron por millones cada año y a bajo coste. Con la ayuda del incremento delirante de la deuda pública, esto tuvo como efecto que el sistema de pensiones no entrara en barrena, que la economía creciera y que los costes salariales no se dispararan. Suena frío, pero es que el amor a la multiculturalidad no tuvo nada que ver.

¿Se trataba, pues, de un plan sin fisuras? No. La importación masiva de personas se hizo sin ninguna prospección demográfica realista, sin ningún modelo que previera alcanzar cierto porcentaje de foráneos y, mientras tanto, aumentar la natalidad al coste que fuera –dada su importancia vital–. Y así, de este modo, Europa se ha metido en un laberinto del que no creo que pueda salir.

Pero, ¿por qué no continuar importando ‘ad infinitum’ seres humanos para que sufraguen las pensiones? ¿No será por xenofobia? No, es por el complicadísimo escenario que esto genera y que ya estamos comenzando a experimentar:

De entrada, se puede constatar que la natalidad europea no se ha recuperado de manera suficiente con la inmigración. Las mujeres inmigrantes (con la relativa excepción de las subsaharianas) dejaron rápidamente de tener hijos y se pusieron a un nivel de fertilidad similar o solo ligeramente superior al de las europeas. En segundo lugar, la llegada a Europa de varias decenas de millones de personas –junto a otros factores como el aumento de las rentas de capital en relación a las de trabajo– ha encarecido muchísimo el precio de la vivienda y, en cambio, ha presionado a la baja los salarios –sobre todo los de los trabajos menos cualificados–. En consecuencia, la población de origen inmigrante y los jóvenes nativos se han visto obligados a vivir en pisos compartidos, en donde formar una familia resulta inviable.

Es cierto que la mayoría de los jóvenes de origen nativo heredarán en el futuro un inmueble –o parte del mismo, además de activos financieros–, pero la población de origen extranjero, de manera abrumadora, no lo hará. Como los inmigrantes apenas pueden ahorrar (y lo podrán hacer menos en un previsible contexto de inflación sostenida), no conseguirán acumular el 20%-30% del precio de una vivienda para obtener una hipoteca. Por ende, como sus salarios son muy bajos, se precisan muchos para que sus cotizaciones puedan pagar la elevada pensión media generada por los trabajadores del ‘baby boom’.

A esto se añade que los inmigrantes y jóvenes también están generando, lógicamente, el derecho a una pensión futura. Proporcionalmente al tamaño de su sueldo, esa pensión será muy alta, equivalente prácticamente al 100% de aquel. ¿Quiénes la pagarán? Me temo que decenas de millones de trabajadores extranjeros más, que habrá que importar a ritmo creciente. Esto encarecerá más el precio de los pisos y, sobre todo, de los alquileres. La propia llegada en masa de más trabajadores impedirá un aumento proporcional de los salarios.

Así, en no demasiados años nuestras sociedades continuarán siendo formalmente democráticas, pero estarán escindidas en dos bandos con intereses irreconciliables: los nativos, propietarios o futuros propietarios, y una masa de origen foráneo que se pasará toda la vida en pisos compartidos. Añádanse a este cóctel, las tensiones culturales, la debilidad de los recuerdos y valores compartidos entre todos y el impacto de la IA en las clases medias. Se mire como se mire, tiene un aire bastante distópico. Pero, ¿cómo salir de este laberinto?