La denominada ‘ley de nietos, que es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo era reparar a los descendientes de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad española por el exilio, se ha convertido estos días, cuatro años después de haber sido aprobada, en fuente de controversia política, enfrentamiento partidario y debate mediático, nada de lo cual es negativo y nada de lo cual debería asustar a nadie, al menos a nadie que tenga suficientes argumentos y las ideas suficientemente claras como para enfrentar la controversia. A quienes se pregunta por qué ahora la polémica, no se me ocurre otra cosa que hacerles otra pregunta: y si no se hizo antes, ¿por qué no puede plantearse ahora? Al fin y al cabo, lo que en España sobran son posicionamientos sectarios irracionales y lo que falta es auténtico debate político, por mucho que este moleste a quienes responden al discrepante con argumentario prefabricado, frases hechas y lugares comunes.

Al parecer, según algunos de quienes critican la medida, parte del problema surge de la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el órgano del Ministerio de Justicia que dicta a los consulados cómo aplicar las leyes, emitida cuatro días después de que la ley entrara en vigor, en octubre de 2022. Y es que esta instrucción amplifica la medida inicialmente aprobada y, por lo tanto, agrava, por así decirlo, sus consecuencias prácticas. Que la oposición al Gobierno de España y, en general, los ciudadanos preocupados por el funcionamiento de nuestras instituciones y la salud de nuestra democracia hayan salido al paso para criticar con mayor o menor contundencia esta medida o al menos llamar la atención sobre su aplicación práctica y sus consecuencias es algo que puede entenderse perfectamente, dado que se trata de una medida que amplía el cuerpo electoral, cuestión lo suficientemente importante como para atenderla, dado que es el cuerpo electoral el que decide quién gobierna en España, incluso aunque parte de ese cuerpo electoral no haya residido, no resida y no vaya a residir nunca en España, y, por lo tanto, tampoco pague impuestos en nuestro territorio.

Un discurso coherente

Y este hecho es lo suficientemente grave como para que pueda ser discutido, independientemente de que unos u otros se contradigan, no sean capaces de mantener un discurso entendible o hablen por simple conveniencia política. Si a esto sumamos la pretensión de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder a toda cosa, ¿cómo no vamos a desconfiar de cualquiera de las medidas que tome, en particular si afectan al cuerpo electoral que decide las elecciones, y con más motivo si esta medida afecta no ya a miles sino incluso a millones de personas?

La primera pregunta que yo me hago es por qué hay que compensar con la nacionalidad española y con el voto a los hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse de España en determinado momento histórico, y, en todo caso, si no habría otra forma de compensarles la injusticia sufrida por el hecho de que sus familiares tuvieran que huir de una guerra civil o de una dictadura; se me ocurre, sin ir más lejos, que la nacionalidad y el voto no vayan necesariamente unidos; y se me ocurre la posibilidad de compensarles de modo diferente, por ejemplo, a través de la implementación de medidas que tuvieran como objetivo facilitar su regreso a la patria de la cual sus familiares tuvieron que exiliarse, si quisieran. Es lo que yo mismo planteé en el Parlamento Vasco cuando se debatió la posibilidad de conceder el voto a los «exiliados» por ETA, quienes tuvieron que trasladarse a otras partes de España consecuencia de la cruel persecución de la banda terrorista, cosa que, por cierto, ni este gobierno ni ningún otro ha planteado nunca. Más allá de la dificultad de certificar quién tuvo que marcharse por la existencia de ETA y quién se fue por otros motivos, la cuestión esencial para mí fue siempre facilitar su regreso a su patria chica, para lo cual la primera medida era la extirpación de ETA y sus tentáculos, algunos de los cuales, por cierto, siguen vivos. Ese es para mí el mejor servicio que podemos prestar a quienes tuvieron que irse: la eliminación de aquello que provocó su marcha.

No pagan impuestos en España

Además, qué quieren que les diga, me resulta extraño que pueda votar en España quien no vive, nunca vivió y no tiene la menor intención de vivir nunca en España.  ¿Cómo es posible que pueda elegir el Gobierno de España y, por lo tanto, la educación, la sanidad o los servicios públicos que tendremos los que sí residimos aquí quienes nunca van a sufrir o disfrutar de dichas prestaciones o de su ausencia? Pero ¿cómo van a poder votar aquí quienes no pagan impuestos en España porque, efectivamente, no tienen obligación de pagarlos porque no residen en España? Pero ¿cómo van a decidir nuestras leyes quienes no están obligados a cumplirlas?

Yo no sé si esta medida va a favorecer al PSOE tanto como para hacer posible el milagro de que Sánchez se mantenga en Moncloa; sinceramente, no lo creo: si cada vez hay menos sanchistas en España es poco probable que se reproduzcan en otras latitudes, aunque sí es cierto que, al no sufrir ni su corrupción política ni su corrupción económica, pudieran ser más ingenuos y, por lo tanto, ser más proclives a votarle. Pero, independientemente de ello, y de lo que el PP tenga en su programa electoral o defendiera en el pasado, yo voy al asunto que creo que es relevante: una democracia es un sistema en el que los ciudadanos gobernados eligen a su gobierno; lo que carece de sentido es que quienes carecen de obligaciones que cumplir dispongan de derechos que disfrutar y, en particular, el más importante de todos ellos: el derecho al voto. ¿O acaso puedo votar yo en la comunidad de vecinos donde vivieron mis abuelos si yo no vivo en ella? No descarto que pudiera haber excepciones a la normal general, pero en todo caso sólo pueden ser casos concretos y muy minoritarios, irrelevantes desde el punto de vista numérico.

Bastante tenemos en España con gobernarnos a nosotros mismos o incluso con soportar que decidan nuestros gobiernos quienes quieren independizarse como para permitir que nos gobiernen quienes ni viven, ni han vivido ni van a vivir nunca entre nosotros; y que, por lo tanto, no forman parte de la comunidad política. Proponerlo, a mí me parece antidemocrático.