Quizá la consecuencia más grave del tornado de corrupción que está devastando al PSOE es que sus efectos trascienden a este partido. Habrá quien se frote las manos al ver cómo la principal opción política de la izquierda despilfarra crédito y reputación arrastrada por un liderazgo que ha derribado los puentes que la conectaban con la centralidad y permitido -y a lo que se ve respaldado- todo tipo de trapacerías para consolidar su posición. Hacen mal. El impacto social de la corrupción es transversal. Por mucho que los demás intenten poner distancia, saquen ahora del armario el traje de escandalizados y pongan cara de asombro, la realidad es que la mancha de descrédito también les concierne.

Solo hay que ver la nula confianza depositada por los ciudadanos en los partidos políticos (instalados en el fondo del pozo del descrédito, con un 2,92 de confianza ciudadana sobre 10 según el CIS), para confirmar que este no es un contratiempo puntual que incumba a un solo partido, sino que se trata de una crisis sistémica, ciertamente agudizada por los últimos acontecimientos, pero que viene de muy atrás y cuya más grave secuela es el avance sostenido de ofertas iliberales, cuando no abiertamente antidemocráticas.

Sería un error trascendental creer que el origen del problema es la corrupción, en lugar de la consecuencia. Un error y una manera de eludir la responsabilidad de actuar contra la auténtica raíz del mal. Porque la corrupción es el tumor, pero es en la degradación de la democracia donde hay que buscar el desencadenante de la enfermedad: “Un Estado clientelar con los frenos del poder rotos e instituciones colonizadas por los partidos” (Falsos cimientos. Rafael Jiménez Asensio. Tirant Humanidades); junto a una descomunal crisis del principio de la rendición de cuentas.

Los partidos, responsables patrimoniales

No es de ahora. Hace más de una década ya había quienes situaban con toda crudeza el foco en el verdadero problema. César Molinas, por ejemplo: “En España hay que cambiar los partidos políticos porque funcionan rematadamente mal, porque se han convertido en instituciones para la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general”. Y añadía: “Lo único importante que se dirime en las elecciones es quién gestionará la licitación pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de quién irán a parar los despojos de la acción política”.

Pedro Sánchez, junto a la izquierda radical que vino limpiar de excrecencias el sistema, pudieron hacer algo al respecto. De hecho, el PSOE que en 2016 confrontaba con Mariano Rajoy planteó un paquete de medidas “contra la partitocracia” entre las que figuraba reconocer y proteger las libertades de expresión y de asociación interna de las personas afiliadas; regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos sean responsables patrimonialmente de dichos actos; reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad sancionadora. Bla, bla, bla.

Ahora es el PP el que tiene meridianamente claro el diagnóstico, y en su ambicioso plan de regeneración política, centrado en “recuperar la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho”, propone fortalecer el poder legislativo, reformar el judicial para dotarlo de mayor autonomía y promete transparencia en el gasto público, así como garantizar la independencia de organismos clave como la AIREF, el CIS, el INE o el Tribunal de Cuentas. Alberto Núñez Feijóo nos pide un acto de fe. Pero, ¿por qué habríamos de creerle?

¿Por qué hemos de dar por buenas tan salvíficas promesas si se deja fuera de las mismas el único compromiso que implicaría una convincente voluntad de llevarlas a efecto? Me refiero a la madre de todas las reformas: la de la Ley de Partidos Políticos (también la de financiación). La devolución del control de los partidos a los ciudadanos, para rescatarlos de sus dirigencias y de sus militancias y ponerlos al servicio de la sociedad; para poner fin a esa partitocracia que pudo tener sentido en los primeros años de la Transición, pero que hoy opera como una arbitraria distribuidora de recursos públicos utilizados para perpetuarse por encima de los demás como superior poder del Estado.

Protección y complicidad

Una de las grandes transgresiones de nuestra democracia es que los partidos se autorregulan, una auténtica anomalía por cuanto son entidades a las que la ley otorga el monopolio de la representatividad política y por tanto debieran facilitar su supervisión y el conocimiento de su funcionamiento interno y de sus cuentas por parte de otros poderes. También de la sociedad civil. Controles periódicos e independientes; fortalecimiento por ley de las herramientas de democracia interna; obligación de celebrar congresos como mínimo cada dos años; obligatoriedad de abrir las puertas y la información a los ciudadanos no militantes…

De todas las opiniones críticas hacia el PP que he leído y oído estos días (ley de nietos o personalidad jurídica del ‘nasciturus’), la que me ha parecido de mayor enjundia es la que reclama que Feijóo dé un paso al frente y se proyecte como alternativa de regeneración y de concordia. Pero no sirve con tener claro el diagnóstico y elaborar un catálogo de buenas intenciones. Es necesario el compromiso solemne de acabar con el poder absoluto de los partidos; de devolver a la sociedad su derecho a la supervisión de los mismos.

La degradación de la imagen de los partidos políticos ha alcanzado tal dimensión que la palabra de sus dirigentes ya no sirve ni para papel mojado. Sobran las alusiones al sentido común, a la sensatez; las invocaciones a la calma, a la confianza. Hay que romper; abrir en canal. Abordar en serio un cambio profundo en las normas que regulan el funcionamiento de los partidos. Porque hoy son las estructuras de las formaciones políticas las que dan cobertura a la corrupción. Y hasta que no se ponga fin a su desmesurado poder seguirá habiendo quien esté dispuesto a arriesgarse y buscar la protección y complicidad de la política para enriquecerse.